La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto por el que pondrán a disposición inmuebles del gobierno federal y espacios que podrían aprovecharse para instalar y desplegar redes públicas de telecomunicaciones, lo que permitirá apoyar y acelerar el despliegue de esta infraestructura.

Con el objeto de promover el óptimo aprovechamiento de los inmuebles federales y la instalación de infraestructura de redes públicas de telecomunicaciones, se autoriza a las instituciones destinatarias de inmuebles federales, competencia de la Secretaría de la Función Pública, a otorgar bajo la figura del arrendamiento, el uso y aprovechamiento de los espacios que tengan disponibles con el fin de que se instale infraestructura de redes públicas de telecomunicaciones , reza el anteproyecto.

Datos de la SCT reflejaron que el costo por la instalación de torres, antenas y equipos de redes públicas de telecomunicaciones, oscila entre los 300,000 y 2 millones de pesos para la instalación; la operación y mantenimiento de la infraestructura instalada asciende aproximadamente a 20,000 pesos mensuales.

La celebración de los contratos de arrendamiento quedará sujeta al cumplimiento de requisitos y condiciones.

A finales de enero pasado, Dionisio Pérez Jácome, titular de la SCT anunció que se pondrían a disposición del mercado diversos inmuebles del gobierno federal para instalación de equipo de telecomunicaciones, como torres y antenas, que se requieren para mejorar cobertura y calidad en beneficio de los usuarios.

En una primera etapa, se pondrían a disposición más de 6,000 inmuebles que podrán ser utilizados, previo pago de la contraprestación correspondiente.

MAYOR COBERTURA

Según estableció la SCT en el documento que envió a la Cofemer, la compartición entre empresas de la infraestructura de telecomunicaciones existente se analizó como alternativa de solución a la falta de penetración de los servicios. Sin embargo, dicha alternativa no se consideró adecuada porque no existe obligación expresa para que las empresas del sector compartan su infraestructura.

La compartición de la infraestructura existente no solucionaría los requerimientos de nuevos sitios, sobre todo en zonas en las que no hay cobertura o la misma es escasa , dijo.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaría de la Función Pública determinará las contraprestaciones que deban pagar los arrendatarios.

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