La fijación de topes a los precios en la venta de gas licuado de petróleo (LP) generará afectaciones irreversibles para la competitividad de México, tanto para la inversión y participación de nuevos actores, que juega en contra de la reactivación económica, advirtió el sector empresarial.

José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el subsidio focalizado, figura contemplada en la Ley de Hidrocarburos, era la alternativa que debió recurrir el gobierno federal para compensar los incrementos en los precios internacionales del energético en afectación a la economía familiar.

A través de un comunicado, el dirigente empresarial alertó una serie de irregularidades e inconsistencias en la regulación sobre los precios de gas que pretende poner en marcha el gobierno federal en breve “podría estar contraviniendo distintas leyes federales en materia de hidrocarburos”, sobre todo, dijo, puede ser contraproducente a los objetivos de proteger a los más vulnerables.

En ese sentido, para evitar mayores afectaciones a la economía familiar las autoridades debieron apostar por los subsidios focalizados, insistió.

De acuerdo con el análisis realizado por la Coparmex, la propuesta de fijar topes a los precios del gas incumple con la Ley de Mejora Regulatoria para ser clasificada como (Análisis de Impacto Regulatorio) de emergencia, pues por tratarse de la evolución natural en el ajuste de precios, no representa un riesgo inminente para la población.

Consideramos que la Sener solicitó a la CRE emitir una política de precios muy compleja en tan solo tres días, lo que pone en riesgo la calidad de la regulación y no permite enriquecer el contenido con la opinión de voces expertas en el tema.

Además, se detectó que la CRE presentó su propuesta a la Conamer como una AIR de emergencia, cuando lo correcto debió ser que ésta se presentara como una AIR de alto impacto, con análisis de impacto en la competencia, a efecto de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pudiera manifestar su pronunciamiento técnico.

El argumento de la CRE para clasificarlo como emergencia es porque los hogares de menores recursos se están viendo afectados por el aumento de precios en el gas LP

La regulación parte de un modelo de una hipotética planta distribuidora eficiente -de la que no se aclaran los elementos y datos utilizados para su modelado- y divide al país en 145 regiones, cada una con un precio tope diferente, reprobó Medina Mora.

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