El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), junto con un grupo de expertos, elaboró una propuesta de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, entre lo que destaca: determinar en forma clara las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), diferenciación de conceptos como preponderancia y poder sustancial de mercado, así como una política de contenidos y su eventual regulación.

En materia de preponderancia y dominancia de agentes económicos y su regulación, el documento en el que participaron 15 especialistas expone que el concepto de preponderancia no debe regirse en términos porcentuales, 50% o más del mercado, y que la Constitución no está siendo explícita en cuanto a su temporalidad.

Establece también la propuesta de política relativa a transparencia, sobre todo en lo que a criterios y decisiones técnicas se refiere. Ésta consiste en conocer los razonamientos que norman el actuar del propio Ifetel; transparentar los procesos de definición de los precios de interconexión; transparentar los principios para la administración y asignación del espectro radioeléctrico. Así como establecer foros para discutir metodologías, técnicas y experiencias de mecanismos, designaciones y procesos, y realizar estudios a partir de comisiones conformadas por especialistas y autoridades de impacto y evaluación de la política pública instrumentada por ejemplo en materia de análisis de la concentración vertical y horizontal de las industrias de radiodifusión y telcos.

En el tema de desincorporación de activos, los analistas sugirieron establecer normas de carácter regulatorio, metodología, criterios y etapas de implementación, al igual que regímenes de conformación de políticas públicas del sector, previo proceso de consulta pública, a darse a conocer y publicarse ampliamente.

También que haya normas y procesos de conformación de las políticas públicas por parte del Ifetel, las cuales contemplen análisis costo-beneficio y demuestren que los beneficios de las políticas son superiores a sus costos de implementación.

Asimismo, se sugirió que las políticas públicas del Ifetel se sujeten a evaluaciones periódicas de operación e impacto.

Se reconoció que existe un problema de transición al modelo de concesión única. La legislación contiene un elemento de alta inconsistencia al establece que la concesión se regirá por un modelo único; sin embargo, después especifica que puede tratarse de una concesión privada, pública, de uso social o no social.

CONFORMACIÓN JURÍDICA

El panel alertó sobre los posibles problemas en la conformación jurídica de la legislación de cara a su implementación. Se mencionó que la Constitución incluye mecanismos, conceptos, procesos y facultades que, en el corto plazo, terminarán por ser obsoletos.

Propusieron dar a la legislación y a las autoridades elementos y facultades generales que permitan a la autoridad ajustarse a las transformaciones propias de la industria.

De igual manera, los procesos de relicitación, dijeron, tampoco están claramente especificados. La recomendación es establecerlos claramente en la legislación reglamentaria como facultad del Instituto.

EJES DE LA PROPUESTA DEL CEEY:

La propuesta del CEEY y expertos en materia de telecomunicaciones delinea ocho ejes en regulación del sector, licitaciones y políticas para incentivar la competencia.

REGULACIÓN DEL SECTOR, FACULTADES, TRANSPARENCIA E IMPLEMENTACIÓN JURÍDICA

  • Claridad en las facultades del Ifetel para regular el comportamiento de las compañías públicas (como la que se busca controle la red mayorista de la banda de 700 MHz).
  • Transparencia en las competencias del regulador en materia de compartición de postes eléctricos, venta de fibra óptica, regulación del roaming, identificación de segmentos industriales para fines de determinar la preponderancia , administración y asignación del espectro radioeléctrico y determinación de tarifas de interconexión.

PREPONDERANCIA Y DOMINANCIA DE AGENTES ECONÓMICOS Y SU REGULACIÓN

  • El concepto de preponderancia debería regirse sólo en términos porcentuales (50% o más del mercado).
  • Se sugiere que las obligaciones que se impongan en materia de preponderancia tiendan a ser similares a las que se imponen con una declaratoria de dominancia.
  • La legislación secundaria debe establecer una distinción explícita entre preponderancia y poder sustancial de mercado.

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

  • Debe reglamentarse la exposición de análisis costo-beneficio, los cuales demuestren que las políticas públicas en este rubro son superiores a sus costos de implementación.
  • Las políticas públicas del Ifetel deben sujetarse a evaluaciones periódicas de operación e impacto.

POLÍTICA PARA FOMENTAR LA COMPETENCIA

  • Deben homologarse los procedimientos de competencia que tendrá a su cargo el Ifetel con los de la Cofece, puesto que la legislación en materia de competencia ya incluye los conceptos adecuados conforme a las mejores prácticas y doctrina en la materia.
  • Política de banda ancha, red compartida mayorista y banda de 700 MHz.
  • Se sugiere que todas las redes de comunicación del Estado funcionen como carrier de carriers (que presten servicio al mayoreo a los demás concesionarios).
  • Debe existir la posibilidad de separación vertical para el Estado, con el fin de evitar incentivos de desplazamiento vertical por parte de agentes públicos que sean muy difíciles de regular ex post.

POLÍTICA SATELITAL

  • Se sugiere establecer de manera jurídica un derecho de preferencia de concesión para aquella compañía o empresa que logre obtener una órbita satelital en negociaciones internacionales.

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, MUST CARRY Y POLÍTICA DE CONTENIDOS

  • Se debería establecer una política de alfabetización mediática, así como instrumentar una serie de facultades para el Ifetel en la materia.
  • No se debe tergiversar el espíritu de la figura de must carry y must offer homologando contenidos y publicidad a lo largo del país. Debe considerarse la diversidad de las audiencias, las preferencias de los consumidores locales y el contenido de la publicidad regional.

LICITACIONES DE ESPECTRO, CONCESIONES ÚNICAS Y CRITERIOS PARA SU OTORGAMIENTO

  • Las asignaciones de red no deberían gestionarse mediante un simple mecanismo de subasta, sino con un modelo integral de administración que implique el seguimiento a las obligaciones impuestas al concesionario y la incorporación de incentivos para el despliegue y desarrollo de la red.Facultades concurrentes, coordinación interinstitucional y arquitectura del Ifetel
  • Se sugiere insertar en la ley procesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el órgano regulador en cuanto a resoluciones públicas, sesiones públicas y regulación de proyectos.

INICIATIVA EN TELCOS LLEGARÍA A DIPUTADOS

El paquete de iniciativas que el Ejecutivo federal confecciona como parte de la reforma a la legislación secundaria pendiente en materia de telecomunicaciones llegaría en breve a la Cámara de Diputados.

Purificación Carpinteyro Calderón (PRD), secretaria de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja, informó que muy probablemente será en San Lázaro donde inicie la discusión del tema para aterrizar la reforma constitucional que el Constituyente permanente aprobó el año pasado.

De ser el caso, la Cámara Baja fungirá como Cámara de origen, y tocará al Senado de la República desempeñar el trabajo que corresponde a la Cámara revisora.

En entrevista vía telefónica, Carpinteyro Calderón comentó que desde el pasado martes corrió la especie de que las iniciativas estaban por llegar al Congreso de la Unión, lo que asegura que pronto se debatirá al respecto.

La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de legislación secundaria incluiría modificaciones a 11 leyes vigentes, divididas en 300 artículos y 17 títulos, para garantizar cobertura universal, precios accesibles y calidad de los servicios.

Según la enmienda constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en el 2013, entre los principales objetivos destacó fortalecer las tecnologías de la información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en México, dado que constituyen una herramienta que favorece la productividad y el crecimiento económico.

La iniciativa de reformas a siete artículos de la Constitución en la materia, que el presidente Peña Nieto turnó a la Cámara de Diputados en marzo del año pasado, fue suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM Manlio Fabio Beltrones Rivera, Luis Alberto Villarreal García, Silvano Aureoles Conejo y Arturo Escobar, respectivamente así como 336 diputados federales, cuyo respaldo agilizó su concreción. (Con información de Rolando Ramos.)