El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregar información sobre un contrato con el despacho Jones Day LLP, para la defensa de los intereses de México ante tribunales estadounidenses, en la demanda contra consorcio Rivada por la licitación de la Red Compartida.

El año pasado, la SCT contrató a dicho despacho para emprender acciones legales en contra de Rivada Networks y su director ejecutivo, Declan Ganley, por las descalificaciones al proceso de la red compartida que han buscado desprestigiar a México, a sus instituciones y a la SCT.

La resolución del INAI se da en razón de un recurso de revisión interpuesto por un particular que solicitó a la SCT dar a conocer el estado que guardan las pláticas con el despacho Jones Day LLP o cualquier otra firma que preste servicios legales para interponer una demanda ante tribunales extranjeros.

La SCT proporcionó al solicitante una versión pública del contrato entre ésta y el despacho estadounidense pero testó información que consideró contenía datos correspondientes a secreto comercial o cuentan con carácter confidencial.

Ante el hecho, el solicitante interpuso un recurso de revisión por la clasificación de la información como confidencial.

Al respecto, el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, determinó parcialmente fundado el agravio, debido a que, aunque no todos los datos testados en el contrato son confidenciales, tampoco toda la información está ligada al ejercicio de recursos públicos.

En febrero de este año, la SCT presentó una demanda por daño moral en contra del Consorcio Rivada Networks y su presidente Declan Ganley ante el Poder Judicial de la Federación; se trata de la primera que por daño moral presenta una dependencia federal.

De acuerdo con la SCT, la demanda se interpuso como respuesta a la campaña de desprestigio que Rivada y su presidente iniciaron, después de su legal descalificación en el concurso de la Red Compartida. La dependencia refirió que la finalidad de la demanda es que el Juez de Distrito ordene cesar la campaña de desprestigio, que Rivada pague una importante indemnización por su conducta ilegal, y que se obligue a Rivada a publicar la aclaración por sus comentarios falsos e insidiosos.

Sin embargo, solicitó a la Procuraduría Federal de la República (PGR) atraer la demanda, misma que sigue en análisis.

El Economista consultó a la SCT pero declinó emitir comentarios respecto de la resolución del INAI.

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