El Presidente Enrique Peña Nieto ha incumplido con 60% de sus compromisos adquiridos y firmados durante la campaña presidencial del 2012, y entre los grandes faltantes se encuentran proyectos de infraestructura, conectividad, seguridad pública y temas de salud que demanda la población, denunció el sector patronal del país.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que las acciones necesarias para el cumplimiento de 106 de los 266 compromisos que el presidente de la República firmó ante notario público representan 40% de dichos compromisos, lo que se traduce en que seis de cada 10 promesas de gestión no han sido honradas en los hechos. “Sería necesario concluir más de 30 proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 12 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 16 en materia de Salud en los estados”, reprobó el presidente.

A través de su mensaje La Señal Coparmex, el dirigente patronal exhortó al Ejecutivo a dar seguimiento y resolver los pendientes más importantes que están en su cancha. “Desafortunadamente, hay signos de que las prioridades de una buena parte de la estructura y recursos del Poder Ejecutivo se están enfocando en la atención de la coyuntura electoral, más que en robustecer las acciones y mejorar la eficiencia de gestión para cumplir con los compromisos, programas y metas de gobierno”.

La Coparmex demanda que hasta el último día de su gestión los funcionarios del gobierno federal, desde el presidente de la República hasta los servidores públicos de menor jerarquía, cumplan a cabalidad con sus funciones.

Aseveró: “Sostenemos que sí hay tiempo y espacio de maniobra y recursos para que se atiendan con eficiencia y transparencia los programas de gobierno de cada dependencia, ordenadamente y hasta que concluya la administración”.

De hoyos identificó cuatro retos para lo que resta del gobierno de Enrique Peña: economía; política hacendaria; política social y política de justicia y seguridad.

En materia de seguridad se deben impulsar planes emergentes que contemplen diagnósticos y metas basadas en indicadores públicos, que comprometan la reducción de los principales delitos que laceran a la sociedad, y a las autoridades, que informen pública y periódicamente del seguimiento de las investigaciones para sancionar los delitos en materia de Derechos Humanos, asesinatos de periodistas y delitos electorales. Y reestructurar la Comisión Nacional de Seguridad para descentralizarla y proveerle de mayores facultades operativas.

En el primer punto, aseguró, urge que el Acuerdo Presidencial de desregulación 2 x 1 debe ser cumplido, porque parecería ser letra muerta. En materia hacendaria, el Ejecutivo debe impulsar la creación de un Consejo Fiscal Independiente con mandato formal.

Así como la reforma fiscal para fortalecer a México debe contener una reducción del Impuesto sobre la Renta a cargo de las empresas, mediante la reducción gradual de un punto porcentual por año de este impuesto.

lgonzalez@eleconomista.com.mx

 

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