La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco-Servytur) solicitó el aplazamiento, hasta septiembre, del Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en lo referente a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y de empresas que deducen operaciones simuladas, a fin de hacer comentarios que enriquezcan la propuesta de los senadores Alejandro Armenta Mier, Samuel García Sepúlveda y Minerva Hernández Ramos.

Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco Servytur, reconoció que la evasión fiscal afecta la recaudación en México y representa hasta 6% del PIB y agregó que la proliferación de EFOs y EDOs se debe, en gran medida, a la ausencia de voluntad política y eficiencia de las instituciones correspondientes.

“Dichas iniciativas buscan incluir la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, es decir, plantea combatir a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al fisco federal, así como aumentar las penas para quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Sin embargo, puntualizó en un documento enviado a los integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, no precisa si hay preceptos normativos que permitan investigar y, en su caso, encarcelar a los evasores de impuestos, como la reciente adición del artículo 113-Bis al Código Fiscal de la Federación, que prevé prisión de tres meses a seis años a quien, entre otros casos, adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

“Dicha penalidad resulta demasiado baja y no es justificable apresurar los cambios en Ley Federal de Delincuencia Organizada sin realizar discusiones pertinentes. Actualmente las autoridades fiscales sí cuentan con facultades suficientes para investigar y perseguir a los evasores fiscales, y diferir un mes el dictamen de la iniciativa no implica la posibilidad de que los evasores sigan libres.

El proyecto de decreto propone que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada considere delito de delincuencia organizada la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, es decir, “condiciona que la colusión de tres o más personas para defraudar al fisco federal únicamente podrá ser considerada como delincuencia organizada cuando el monto supere los 7 millones 804,230 pesos. “Consideramos que el monto de la defraudación debe ser irrelevante para que el delito pueda ser considerado crimen organizado y la cuantía no debe ser factor para determinar un delito tributario como delincuencia organizada”.

Asimismo, subrayó que la prisión preventiva para delitos de carácter fiscal puede contravenir el artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que nadie puede ser detenido por deudas. “De tal manera, en caso de prosperar esa propuesta en la reforma legal, es posible que el Poder Judicial de la Federación declare inconstitucional su inclusión al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, planteó Pérez Góngora.

En ese contexto, se estableció un grupo de trabajo para analizar el tema y compartir con los legisladores puntos relevantes relacionados con la iniciativa, a fin de fortalecerla y colaborar con las comisiones en la elaboración de la iniciativa, para que ésta contenga disposiciones que eviten que los delincuentes fiscales sigan en la calle, establece la propuesta enviada al Legislativo.

La Concanaco Servytur solicitó que las comisiones correspondientes concedan audiencia a una representación de la confederación durante la primera semana de septiembre, una vez reanudado el periodo ordinario de sesiones, con la intención de compartir el documento que enriquecerá la propuesta de referencia.