México enfrenta desafíos en su presupuesto para ejecutar las disposiciones laborales comprometidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó el Departamento del Trabajo estadounidense (DOL, por su sigla en inglés).

“México enfrenta desafíos importantes para establecer el nuevo sistema de justicia laboral, especialmente en el entorno actual de recursos limitados que enfrentan las agencias gubernamentales bajo las medidas de austeridad del presidente (Andrés Manuel) López Obrador”, dijo el DOL, como parte de la descripción de uno de sus programas de apoyo al sector automotriz mexicano.

En febrero de 2017, México adoptó reformas constitucionales de justicia laboral para establecer un nuevo sistema de justicia laboral. Como parte de ello, se sustituirán las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, dependientes del Poder Ejecutivo, por tribunales laborales federales y locales, ahora dependientes del Poder Judicial, y se crearán centros de conciliación federales y locales, así como un centro de registro de sindicatos y contratos  colectivos a nivel nacional.

Los legisladores demócratas pidieron a México que los compromisos presupuestales al respecto fueran establecidos por escrito por el propio presidente López Obrador, lo cual hizo especificando un presupuesto multianual equivalente a 923 millones de dólares.

“Con el presupuesto asignado para la Secretaría del Trabajo, va a ser posible poner en marcha una estrategia regional; va a comenzar primero en unos estados y, de ahí al 2023, van a estar en plena implementación los tribunales federales, que son los que van a sustituir a las juntas (de conciliación y arbitraje)”, añadió antes de la aprobación del nuevo tratado.

El DOL expuso esa argumentación como parte de un programa para apoyar la implementación de las nuevas disposiciones laborales del T-MEC en el sector de autopartes de México con un presupuesto de 4 millones de dólares, que se destinarán hasta marzo de 2021.

El enfoque del proyecto es trabajar con la Secretaría del Trabajo, nuevos centros de conciliación, nuevos tribunales laborales federales, así como otras partes interesadas, para implementar actividades múltiples y basadas en datos que aborden los desafíos relacionados con las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores en el sector de autopartes.

“Habrá un enfoque específico en el acoso sexual y otras formas de discriminación sexual y violaciones de los derechos de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente, en particular a través del uso generalizado de subcontratación abusiva, represalias antisindicales y contratos de protección endémica”, destalla el programa, ejecutado por IMPAQ International con presupuesto del ejercicio fiscal de 2019.

El 1 de mayo de 2019, el gobierno mexicano modificó la Ley Federal del Trabajo para promulgar la legislación secundaria para estas reformas y se embarcó en un ambicioso plan de implementación de cuatro años.

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