La fragilidad del sistema mexicano para la asignación y verificación en el cumplimiento de los contratos de obra pública ha permitido que empresas constructoras extranjeras con antecedentes de incumplimiento, problemas financieros, señaladas a veces por casos de corrupción e incluso sin infraestructura ni personal capacitado en el país se adjudiquen contratos millonarios.

“Extrañamente y con el peligro de repetir y aumentar los daños de casos como los de Odebrecht, el gobierno federal ha venido asignado obra pública a empresas internacionales”, consideraron fuentes de la industria mexicana de la construcción.

Sinohydro, Astaldi, Abengoa, Sacyr o Isolux son algunas de las firmas que dan muestra de la participación de constructoras internacionales en los últimos años.

También denunciaron que hay casos de firmas extranjeras que se declaran en concurso mercantil, a fin de tener un argumento jurídico para incumplir sus compromisos contractuales con el gobierno y el pago a los subcontratistas mexicanos, a pesar de que se les entregaron los anticipos correspondientes.

Como muestra de su inconformidad, refieren que Sinohydro, de origen chino y que ganó el desarrollo de la central hidroeléctrica Chicoasen II, licitada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el 2015, está siendo demandada por incumplimiento de contrato y abandono de obra.

Pese a lo anterior, el año pasado recibió contratos de la CFE, uno de ellos por un monto de 659.37 millones de pesos, para el diseño, construcción, equipamiento e instalación de un sistema de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Recientemente, participó en la licitación de la red de distribución eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), donde iba en consorcio.

El triunfo de Astaldi en GACM

Otro caso emblemático es el de Astaldi, de origen italiano, que tiene antecedentes de problemas financieros, lo que ha llevado a que su acción caiga más de 60% en menos de un año y en El Salvador fue acusada de corrupción por recibir un pago ilegal de 108 millones de dólares cuando sólo realizó 20% de una presa denominada El Chaparral.

Aun así, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) le adjudicó el 30 de abril pasado la construcción del edificio del Centro Intermodal de Transporte Terrestre, junto con Proc Mina. El contrato rebasa 6,500 millones de pesos. Otro caso que se destaca es Isolux, uno de los mayores desarrolladores de obra para CFE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hace unos meses se declaró en concurso mercantil por una deuda de 1,270 millones de euros y ha dejado mal parado al gobierno federal en varios proyectos: en la central de Altamira con un costo de 228 millones de dólares y en la instalación de cableados de alta tensión para la CFE.

“Sin embargo, se les permitió participar en las licitaciones del NAIM, como fue la licitación para el desarrollo de la red de distribución eléctrica de media tensión y subestaciones por la que presentó una propuesta de 3,821.9 millones de pesos”, indicaron los empresarios.

El caso que más se comenta, en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, es el de la española Sacyr, conocida internacionalmente por sostener un fuerte litigio con el gobierno panameño que compromete su viabilidad financiera, por presentar supuestos sobrecostos de más de 2,000 millones de dólares en el proyecto del canal de Panamá.

El GACM le asignó a esta empresa la cimentación del centro de transporte terrestre del NAIM, un contrato por 1,400 millones de pesos y actualmente concursa por la construcción para su drenaje pluvial profundo.

Dejan colgado al gobierno... y al país

  • La china Sinohydro, que ganó el desarrollo de la hidroeléctrica Chicoasen II, está siendo demandada por incumplimiento de contrato y abandono de obra.
  • La italiana Astaldi está acusada de corrupción en El Salvador en la construcción de una presa y recientemente se adjudicó un contrato del NAIM.
  • La española Isolux, en concurso mercantil, ha incumplido en proyectos como la central hidroeléctrica de Altamira.

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