Los aranceles que planea cobrar Estados Unidos a las importaciones de productos mexicanos afectarían la producción compartida en la región de América del Norte, destacó Luis Aguirre, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

La proximidad geográfica entre México y su vecino del norte ha facilitado un proceso de integración en las cadenas de producción en América del Norte, que se refleja en que por cada dólar que Estados Unidos importa de México, alrededor de 40 centavos proceden de Estados Unidos. La cifra análoga para las importaciones de Estados Unidos provenientes de Canadá es de 25 centavos.

“Proponemos que el Presidente de México haga valer que un arancel del 5% no sólo afecta al consumidor americano, sino a las mismas empresas estadounidenses que producen el 40% del contenido nacional de las exportaciones de México a la misma Unión Americana”, dijo.

La relación entre México y Estados Unidos está caracterizada por un notable dinamismo, que refleja la creciente integración de cadenas productivas en la región de Norteamérica.

Esta integración ha sido impulsada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además de que México, Estados Unidos y Canadá tienen la ventaja de la proximidad geográfica, la integración de recursos e infraestructura y la complementariedad demográfica y de los factores de producción, que generan oportunidades de comercio rentables para la región.

También Aguirre propuso que México establezca acciones transparentes y asuma los compromisos correspondientes ante los asuntos migratorios que reclama Estados Unidos.

Asimismo, sugirió que el Presidente de México promueva la cooperación al amparo del compromiso de la iniciativa de gestión de fronteras bilaterales, suscrita en el marco de la “Declaración sobre la gestión de fronteras en el siglo XXI”, que se anunció en 2010, que está vigente y obliga acelerar el comercio legítimo, mejorar la seguridad pública, la gestión de riesgos de seguridad, involucrar a las comunidades fronterizas y establecer políticas para abordar posibles cambios legales, regulatorios o de infraestructura que permitan a los dos países mejorar la colaboración.