Huyendo de la inseguridad de otras entidades, al menos cuatro restaurantes se han instalado en Querétaro con una inversión de al menos 3 millones de pesos en las últimas semanas, informó Rogelio Grafías, presidente de la Asociación de Antreros y Discotequeros del estado.

En entrevista, dijo que los empresarios del ramo restaurantero provienen de ciudades como Monterrey, Puebla, Monterrey y Culiacán, principalmente.

A ellos se les hace atractivo el hecho de que Querétaro es un estado tranquilo , expuso y se les está dando el apoyo necesario, es decir, se les están autorizando las licencias correspondientes para que puedan trabajar.

En otro tema, anunció que se han aplicado 350 pruebas antidoping al mismo número de empleados de restaurantes y bares, y como resultado se detectó que al menos cuatro de ellos son adictos a la marihuana y la cocaína.

La asociación, expuso, gasta 300 pesos en la realización de las pruebas de orina y tiene los resultados de manera inmediata. El año pasado detectó 20 o 25 de estos casos, con el apoyo de la Secretaría de Salud, que eran adictos a marihuana y cocaína.

Algunos están en rehabilitación y los que ya tomaron voluntariamente ahora están en terapias e inicio de rehabilitaciones . Por otra parte, dice que hasta noviembre o diciembre, sabrán si fueron efectivos los tratamientos, esto será de acuerdo al registro de no reincidencias, se pueden considerar como curados.

Cuestionado sobre la reciente modificación a la ley hecha por la Legislatura local en el sentido de multar con 11,340 pesos a quien conduzca en estado de ebriedad, Grafías consideró que esa modificación no disminuirá los accidentes y, por el contrario, sólo aumentará la corrupción.

Es ilógico (lo aprobado en la Cámara de Diputados) porque quién va a determinar o qué autoridad va a decir si una persona está ebria o no, mediante qué prueba se va a decir si quien va conduciendo ha consumido alcohol , cuestionó.

La enmienda legal establece además que, en caso de no poder pagar la multa, la sanción constará de trabajos en beneficio de la comunidad, por un periodo aproximado de 200 horas en un lapso no mayor a seis meses, o bien, arresto hasta por 36 horas.