Un Juez Federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad no. 1 Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México, emitió una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, por considerarlo el líder de una organización delictiva dedicada al lavado de dinero en la Cooperativa La Cruz Azul a través de la utilización de empresas conocidas como fachada, tipificado como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De igual manera, el juez federal libró órdenes de captura contra Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico; Victor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa, así como al abogado externo Ángel Junquera y otras personas, consideradas como copartícipes en la organización delictiva liderada por Álvarez Cuevas.

Las personas mencionadas ya son buscadas por las corporaciones policiales en todo el país para su aprehensión y presentación ante la autoridad, a fin de que afronten su proceso privados de su libertad por ser delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y no tener derecho a fianza.

Los hechos imputados consisten en que durante al menos seis años los involucrados actuaron de manera organizada para disponer de recursos propiedad de la cooperativa cementera, aprovechando su participación en esa organización, a través de la que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, y con el objetivo de ocultar o pretender ocultar el destino de los recursos obtenidos como producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa por cientos de millones de pesos.

De ser encontradas responsables, las personas involucradas podrían afrontar penas de cárcel. De 20 a 40 años de prisión a Guillermo Álvarez Cuevas por ser el líder de la organización, y de 10 a 20 años de prisión a los demás investigados; esto, sólo por lo que se refiere al delito de delincuencia organizada.

No obstante, las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República continúan para ubicar el paradero de los ahora prófugos de la justicia, entre ellos varios directivos más de la cooperativa y personas allegadas, así como empresas y accionistas que pudieron haber sido parte de estos esquemas.