La Cámara de Diputados aprobó anoche en comisiones el decreto que reforma la Ley Federal de Competencia Económica para dotar de mayores facultades y herramientas a la Comisión Federal de Competencia (CFC), endurecer las sanciones a los monopolios e imponer multas de carácter penal.

De acuerdo con el dictamen avalado por 20 votos y uno en contra, que será votado hoy por el pleno cameral, la Comisión de Economía refrendó en sus términos la iniciativa del Ejecutivo federal. Entre las modificaciones relevantes, se plantean multas de hasta 10% de los ingresos acumulables de las empresas, con la precisión de excluir los recursos obtenidos en el extranjero y que éstas se basen sólo con respecto a las ventas en México.

Permanecen sanciones penales

Por primera vez en el país se impondrán sanciones penales a quienes incurran en acciones monopólicas, oligopólicas o concentraciones; se contemplan de tres y hasta 10 años de cárcel a aquellos agentes que se coludan para fijar, elevar o concertar precios en el mercado.

La ley no lleva dedicatorias, busca definir parámetros para que la sociedad y los actores se ajusten a las reglas del juego y nadie tenga privilegios en el mercado , afirmó Idelfonso Guajardo (PRI), presidente de la Comisión Dictaminadora.

Permanece presidente cuatro años

La comisión acordó, en lo que constituyó el único cambio con respecto a la iniciativa presidencial, que el presidente de la CFC permanezca en el cargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelegirse una sola vez; la propuesta del Ejecutivo contemplaba periodos de seis años y una reelección por cuatro más.

La CFC mantendrá la figura de ser juez y parte en las decisiones de las prácticas anticompetitivas monopólicas, bajo la premisa de que el recurso de reconsideración por las empresas sea ante este organismo, como primera instancia, y se acuda a una sala especializada en materia de competencia en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa como segunda opción para revocar.

Ante conductas sospechosas, el organismo regulador podrá hacer visitas sorpresivas a los agentes económicos, inclusive solicitando el uso de la fuerza pública, para obtener los informes, documentos y archivos, incluidos los electrónicos, para probar el cumplimiento o incumplimiento de la ley.

La inquietud del sector empresarial para dotar de mayor transparencia y garantizar la rendición de cuentas de la CFC fue retomada en el decreto, que obliga al organismo a entregar un informe anual sobre su desempeño respecto de los resultados de las prácticas monopólicas absolutas o relevantes, concentraciones, ejecución de sanciones, resoluciones y querellas.

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