Los estados de Veracruz, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí son los seis estados donde menos controles legales existen sobre el uso de la deuda pública, por lo que los gobiernos pueden decidir a su conveniencia el destino de los recursos.

De acuerdo con un reporte de la bancada del PAN en el Senado titulado ¿Por qué gastan así? , esa situación permite los abusos y simulaciones en el ejercicio del gasto.

El estudio, que tiene como base un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), afirma: Si bien la deuda local todavía no representa niveles alarmantes, la tasa de crecimiento y el uso que se le ha dado en el último lustro implica un foco rojo .

Explica que en la legislación mexicana hay dos vacíos que impiden la supervisión y control de los recursos de deuda. El primero es la indefinición en la Constitución del concepto de inversión productiva, lo que permite que cada estado defina el concepto a su conveniencia, dando pie a que se gaste en rubros que no contribuyen al incremento de infraestructura local.

La segunda carencia, menciona, es la falta de controles sobre las excepciones de deuda pública. Ello debido a que cada estado define qué tipo de pasivos se consideran deudas públicas y cuáles no.

En el caso de los estados en donde los pasivos no se consideran jurídicamente deuda pública, los marcos regulatorios presentan deficiencias importantes. Esto es grave porque la mayor parte de estas excepciones son los pasivos de corto plazo que, en la mayoría de los casos, no requieren ser aprobados por los congresos locales para que sean contratados, dando paso a abusos y simulaciones para la contratación , indica.

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