Telefónica Movistar estima que la escisión del brazo mayorista de Telmex tendrá impactos sólo en el mercado de servicios fijos hasta dentro de una década, en tanto que los efectos positivos para el segmento móvil serán prácticamente nulos y, además, no existe evidencia, ni referencia internacional de que un proceso de separación funcional como el mandatado por el regulador a Teléfonos de México garantice un ambiente sano de concurrencia y competencia de actores para la industria de telecomunicaciones mexicana.

Las separaciones funcionales, de no ser adecuadamente implementadas, tienen un alto potencial de pérdida de eficiencias o de economías de escala; y los problemas financieros de esas empresas sí podrían repercutir al conjunto de la industria, expuso Telefónica en sus comentarios enviados al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con motivo de la consulta pública, a la que todos los operadores fueron invitados para comentar la efectividad de las regulaciones asimétricas aplicables a Grupo Televisa y América Móvil como agentes económicos preponderantes, y que podrían relajarse o robustecerse a partir del 2020.

“La separación funcional traería más problemas que soluciones al sector de las telecomunicaciones en México (…) Las separaciones funcionales tienen un alto potencial de destrucción de valor por la redistribución de márgenes entre las empresas separadas, la pérdida de sinergias y la pérdida de economías de escala. Pérdida también de eficiencia por sobrecostes difíciles de recuperar por duplicidades, sistemas, coordinación... (…) Tememos que los posibles problemas de viabilidad de la entidad separada fueran repercutidos al resto de la industria”, planteó la operadora al IFT.

Movistar citó el emblemático caso de la separación funcional en British Telecom, empresa que se desprendió de su brazo mayorista para crear Openreach, pero que a más de diez años de distancia de esa escisión el regulador local Ofcom continúa identificando “relevantes” fallas en el mercado de telecomunicaciones británico:

“Tras diez años, el regulador sigue endureciendo las condiciones de la separación funcional, con una separación legal en 2017 (…) Y hoy el Reino Unido muestra un retraso relevante en los despliegues de redes de acceso de nueva generación o NGA respecto a los países de su entorno europeo, pues va retrasado en la carrera de redes de fibra hasta el hogar que traen velocidades de un gigabit por segundo, con únicamente un 4.0% de los hogares conectados, frente a un 71% en España o un 89% en Portugal”, escribió Telefónica Movistar en su argumentación.

La separación funcional ordenada a Telmex en 2017, de ser “hipotéticamente efectiva”, no debe sustituir el resto de las obligaciones regulatorias impuestas a Teléfonos de México como agente preponderante, pues la autoridad debe continuar con los análisis de efectividad y ejecutar, de ser necesario, otras medidas asimétricas para hacer más equilibrado al sector, porque para Telefónica “la separación funcional no es garantía del cumplimiento del resto de las obligaciones asimétricas de un operador preponderante”.

Los comentarios de Telefónica acerca de la separación funcional se desprenden de que las reglas del IFT para el cumplimiento del principio “Eoi” o de equivalencia de insumos no establecen de manera clara cómo debe cumplirse ese principio y tampoco garantizan su cumplimiento efectivo, aun cuando América Móvil y su filial Telmex intenten dar o den cumplimiento al mismo.

Un incumplimiento al principio “Eoi” existe, por ejemplo, cuando no se ven equivalencias entre los sistemas de trámites que utiliza la propia empresa con los que usan otros operadores y que fue uno de los varios motivos por los que el IFT ordenó la separación funcional de Telmex hace dos años como una opción viable para acabar con esas dificultades.

Movistar dijo que el IFT ordenó la separación funcional con la creencia de que este tipo de incumplimientos se solucionarían en el corto plazo, cuando pudo haber establecido otros esquemas de solución inmediata para resolverlos desde 2017.

La operadora indicó al regulador que una posible solución inmediata podría estar en la obligación de que Telmex establezca esquemas de actuación y de organización conocidos en el ámbito empresarial como “muralla china”, a fin de garantizar un trato igualitario entre las empresas del grupo América Móvil y el resto de la industria, cuando, por ejemplo, algún actor solicite un enlace, una acceso en radiobase, una desagregación de bucle local, etc.

Por tanto esta es una petición de Movistar al IFT para tomarse en consideración en la redefinición de la política regulatoria hacia Telmex/Telcel desde 2020.