Tenemos cuatro años para implementar todos los cambios que implica la reforma laboral, pero muy pronto vamos a ver avances claros y contundentes, advierte Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. “Para los empresarios, una de las cosas más importantes es entender que las cosas ya cambiaron. Estamos dejando atrás un modelo que era caduco y que limitaba el crecimiento del país. A los mismos empresarios no les funcionaba. Esto es claro en términos de productividad y en el desarrollo del mercado interno, los bajos salarios tenían un impacto”.

La secretaria Alcalde es la más joven del gabinete, con 31 años. Destila optimismo, aunque está consciente de la enormidad de las tareas pendientes. Para fundamentar el optimismo, afirma: “La reforma laboral traerá un diálogo más auténtico que servirá para mejorar la productividad, a mediano plazo traerá estabilidad, sobre bases más sólidas. Espero que este diálogo produzca respuestas para cuestiones que llevamos años sin resolver, por ejemplo, ¿cómo le hacemos para fortalecer a la empresa y, al mismo tiempo, lograr que ese fortalecimiento se traduzca en mejores condiciones para los trabajadores?

“La reforma servirá para fortalecer el proceso de formalización y, en esa medida, contribuirá a resolver el problema de la informalidad”, pronosticó la funcionaria. “ La formalización se complementa con la implementación de acciones concretas, como lo que estamos haciendo con las trabajadoras domésticas. Estamos conscientes que resolver la informalidad requiere trabajar en muchas áreas, porque es un tema complejo que tiene que ver con factores económicos, culturales, de visión de país y que depende también del ritmo de crecimiento. Lo que sí es un hecho es que parte de la informalidad tiene que ver con la precarización del trabajo en el sector formal”.

La conversación tiene lugar en Mérida, en una pausa dentro del CEO Dialogue entre empresarios de México y Estados Unidos. “La reforma laboral incluye muchos compromisos relacionados con el T-MEC, uno de ellos es que deberemos revisar todos los contratos colectivos en un plazo de cuatro años. Son alrededor de medio millón. Cuando digo revisar, quiero decir que los trabajadores deberán revisar los contratos de sus empresas y aprobarlos mediante el voto libre, directo y secreto”.

Muchas cosas qué hacer en los próximos cuatro años: en el corto plazo, falta la aprobación del Senado, pero la ruta parece clara. Luis María Alcalde Luján enfatiza tres tareas a realizar: la implementación de la reforma y la definición de los cambios en dos temas fundamentales: la subcontratación y las reglas del juego para los trabajadores al servicio del Estado, contenidos en el apartado B del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo.

La implementación implica varias cosas, una de las asignaturas pendientes más complicadas es la reforma al sistema de justicia laboral. “Empezaremos con 11 estados y al año siguiente haremos 10 u 11 estados más. Hemos creado mesas de trabajo, donde está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, el Poder Judicial federal y representantes del Poder Judicial local, además de los gobiernos de los estados, porque al final es una implementación en todo el país”.

Las juntas de conciliación y arbitraje van a coexistir con los tribunales laborales por un tiempo, Alcalde Luján estima que serán cuatro años: “Todos los nuevos asuntos se van a turnar a los tribunales laborales, pero las juntas se quedan con los asuntos que no están resueltos, son cerca de medio millón de expedientes”.

Uno de los aspectos más importantes del nuevo sistema de justicia es la creación de centros de conciliación. La secretaria del Trabajo lo explica así: “La ley que se aprobó indica que previo al juicio, todos los asuntos deberán llegar primero a esta instancia de conciliación. Las partes tratan de llegar a un acuerdo y en caso de que no se irán a juicio. La conciliación es un filtro obligatorio”.

El grupo interinstitucional trabajará para adecuar muy bien los tiempos y hacer una estimación precisa de los recursos que se necesitan. La coordinación corresponde a la Secretaría del Trabajo, pero el proceso cuenta claramente con el apoyo del presidente. Luisa María Alcalde lo pondera así: “La mayor fortaleza de nuestro gobierno es el liderazgo del presidente. Su capacidad para sentar a la mesa a los diferentes actores de un tema y generar una dinámica donde nadie puede decir ‘este tema es tuyo y a mí no me toca’”.

La colaboración interinstitucional es también el mecanismo a través del cual se trabajará en el combate a las malas prácticas en subcontratación, anticipa la secretaria del Trabajo. “El grupo de trabajo aquí incluye a IMSS, el SAT, Hacienda y la Procuraduría Fiscal, porque es un tema que tiene muchas aristas. Se trata de combatir malas prácticas que afectan los derechos de los trabajadores y los ingresos del gobierno”

Uno de los temas más complejos es la colaboración interinstitucional, reconoce Luisa María Alcalde, “es el cruce de bases de datos y el desarrollo de estrategias comunes. El trabajo será en dos vías, la legislativa, donde se trata de dejar más claro en la ley las cosas que no se pueden hacer. La otra parte tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. Hay muchas disposiciones que están en la ley del 2012, pero no se hizo nada para garantizar su cumplimiento durante todo el sexenio de Peña Nieto”.

Luisa María Alcalde Luján

  • Es licenciada en Derecho por la UNAM y tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley California.
  • En el 2011 se afilió a Morena, donde fue representante de jóvenes y estudiantes.
  • En el 2012 fue electa diputada federal a la LXII Legislatura por el partido Movimiento Ciudadano, donde fue secretaria en la comisión de Trabajo y Previsión Social, concluyendo el encargo en el 2015.
  • Inició su militancia en el 2005, participando en el movimiento contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando éste era jefe de Gobierno del Distrito Federal.

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