Un incidente de seguridad por no tener un sistema de protección de datos, le cuesta a las empresas alrededor de 6 y 8 millones de dólares, reveló la Encuesta Global de Seguridad de la Información de Ernst & Young.

La encuesta se realizó en 19 países con un total de 5,500 respuestas, de las cuales 12% corresponde a empresas de Latinoamérica, concretamente a México, Brasil y Argentina.

En México, sólo 50% de las empresas conoce las regulaciones que deben cumplir, en relación con privacidad y protección de datos.

Protección de datos genera competitividad

Al respecto, Ricardo Lira, gerente senior de Ernst & Young dio como referencia la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que está por publicar el Ejecutivo, de la que aseguró: Es una ley que luce bien armada y se apega a prácticas y estándares internacionales .

Esta ley ayudará a ser más competitivos y obligará a las empresas a cuidar información sensible , dijo.

En conferencia de prensa, comentó que dicha legislación implicará costos operativos y financieros para las empresas; aplicará multas económicas y de tipo penal para las empresas o personas físicas que lucren o den mal uso a la información de particulares.

Rafael Pereda, senior manager de la American Chamber, aseguró que una adecuada protección de datos da competitividad a las empresas y los gastos que la aplicación de la ley de protección de datos será según la industria y tamaño de las empresas.

Crece robo de información

En el 2009, las empresas en México registraron un incremento en ataques relacionados con el robo de información, mientras que cerca de 60% de las empresas entrevistadas dijeron haber sufrido una vulneración en su seguridad, que implicó la pérdida de información personal sensible.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece en su artículo 1 y 2 que es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Supone penas económicas de hasta 60 millones de pesos y una mínima de 5,500 pesos, además sanciones penales que van de tres a 10 meses.

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