El fabricante japonés de airbargs Takata, que sucumbió a los escándalos de sus dispositivos defectuosos, anunció este jueves que terminó el traspaso de sus principales actividades a la compañía estadounidense Key Safety Systems (KSS), firmando la desaparición de la marca.

Su director ejecutivo Shigehisa Takada, heredero de la familia fundadora, dimitió oficialmente justo después, como prometió en junio de 2017 en el momento del anuncio de la quiebra, la más sonora de un industrial en la historia del Japón de posguerra.

"Dirigimos una vez más nuestras disculpas sinceras a los clientes, acreedores, accionistas y todos los que se vieron afectados por los problemas causados por nuestros airbags", declaró el responsable en un último mensaje que cierra uno de los mayores escándalos de la historia de la industria automovilística.

Su sustituto, Yoichiro Nomura, estará encargado de gestionar los últimos litigios y demandas y de reemplazar airbags.

KSS, establecido en Estados Unidos pero controlado por el grupo chino Ningbo Joyson Electronic, cerró la adquisición de los activos de Takata, con excepción de los vinculados con los dispositivos implicados en el escándalo por un monto de 1,600 millones de dólares (1,300 millones de euros al cambio actual).

La nueva compañía será rebautizada Joyson Safety Systems, precisó KSS en otro comunicado. Debería tener un volumen de negocios anual de 7,000 millones de dólares, para una plantilla de más de 50,000 empleados.

Fundado en 1933 por Takezo Takada, abuelo de Shigehisa Takada, Takata se había convertido en uno de los primeros grupos mundiales en el mercado de los airbags y cinturones de seguridad, antes de hundirse por la crisis que estalló en 2014 y llevó a los fabricantes de automóviles a retirar unos 100 millones de airbags en todos el mundo.

Está acusado de haber ocultado durante años la existencia de un defecto importante en sus dispositivos, responsables de una veintena de muertes y de más de un centenar de casos de lesiones.

Takata, que dejó una deuda de más de un billón de yenes, contaba en el momento de su quiebra con unos 46,000 empleados y 56 fábricas en 20 países para un volumen de negocios de 663,000 millones de yenes en 2016/17 (5,000 millones de euros), el 90% logrado en el extranjero.