La banda de los 2.5 Gigahercios vuelve a la disponibilidad del mercado el martes 13 de febrero. El IFT empieza ese día a licitar los 120 MHz comercialmente disponibles en esas frecuencias para aliviar el tráfico de las congestionadas redes móviles, diez años después de que las primeras concesiones entregadas a los primeros dueños del espectro vencieron y es posible que ahora su destino esté pensado para ir de la mano de la banda de los 700 MHz y del proyecto de la Red Compartida, como un plan del Estado para fomentar la creatividad de negocios en el mercado y propiciar un uso eficiente del espectro radioeléctrico en las bandas de capacidad y cobertura.

En el plan definitivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre cómo aprovechar los 130 MHz de espectro -120 MHz para explotación y 10 MHz para bandas de guarda- rescatado de una docena de concesionarios en septiembre del 2013, el regulador estableció tres criterios de obligación de cobertura para los ganadores del concurso en los 2.5 GHz, con lo que estaría potenciando las oportunidades de negocio de la Red Compartida, pero al mismo tiempo imponiendo a la empresa Altán Redes, el operador de ese proyecto, la presión de avanzar con su plan de cobertura ante el hecho de que habrá potenciales interesados en contratarle capacidad a fin de que ellos también puedan cumplir con las obligaciones ya escritas para la licitación de espectro móvil que está por empezar.

Las bases de la licitación de los 2.5 GHz, en su numeral 3.4, establecen que los ganadores de uno o más bloques de espectro en los 2.5 GHz estarán sujetos a ofrecer servicios de acceso inalámbrico con tecnología 3G o una más reciente en al menos 200 de las 557 localidades con entre 1,000 y 5000 habitantes que aún no han sido atendidas con un servicio móvil y el regulador verificará que cuando menos el 80% de la población cada uno de esos pueblos esté cubierta por dichos servicios. Y el IFT además contará por tres a cada población atendida por los operadores en Chiapas, Guerrero y Oaxaca bajo este criterio, los tres estados del país en que la brecha digital es más amplia; donde sólo un promedio del 27% de los hogares tiene una computadora conectada a Internet, según el INEGI. 

Otra de las obligaciones para los licitantes del 2.5 GHz será la de atender con servicios 3G o LTE y tecnologías superiores a las llamadas Zonas Económicas Especiales y los tramos carreteros que las conectan; todas, áreas geográficas de interés estratégico en las que el gobierno en turno tiene la esperanza de generar nuevos polos de desarrollo industrial.   

La última obligación de cobertura compromete a los participantes a ofrecer un servicio inalámbrico en al menos 10 de las 13 zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes, utilizando para ello como soporte a la banda del 2.5 entonces ya lograda, antes de llegar el tercer aniversario de la notificación del acta de fallo de participante ganador -septiembre de 2021- y con el despliegue de cobertura a por lo menos el 80% de la población de esas áreas urbanas.

Para dar cumplimiento a las dos primeras obligaciones de cobertura que serán parte de la licitación IFT-7, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deja al arbitrio de los futuros ganadores de la subasta la posibilidad echar mano de su espectro en los 2.5 GHz y de instalar sus propias radiobases, antenas y otro equipamiento tecnológico, o de acercarse a un tercero para contratar capacidad “en otra banda de frecuencias y/o infraestructura”, siempre que los mandatos del regulador en la materia se concreten dentro de los cuatro años posteriores a la notificación de fallos, septiembre del 2018.

Incluso, Telesites y American Tower también podrían hallar oportunidades de negocio bajo esas circunstancias.

El proyecto de la Red Compartida tiene como foco la venta de capacidad mayorista de servicios móviles y la naturaleza técnica del espectro radioeléctrico sobre el que monta su negocio es la cobertura; por tanto, su operador Altán Redes tiene obligaciones en la materia y el IFT ya le definió el 8 de noviembre del 2017 una metodología con las que evaluará estos cumplimientos

El Estado mexicano, vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le impuso a la Red Compartida el deber llegar con su cobertura al 70% de la población al cuarto aniversario de la entrega del título de concesión a Altán Redes, en enero del 2021 y al 92.2% de la población al séptimo. 

Altán Redes tiene prometido que en siete semanas, el 31 de marzo del 2018, subirá el switch de la Red Compartida con una cobertura lista para atender en una primera etapa a 37 millones de mexicanos, entre los que estarán 8.7 millones radicados en poblaciones con menos de 10,000 habitantes, y 32 de 111 de los llamados Pueblos Mágicos. Para ello, Altán Redes monta cada día sobre la tierra de México un promedio de ocho radiobases y antenas; aproximadamente 3,000 en su primer año y con equipo superior para eventualmente vender servicios sobre tecnología 5G. 

En la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Morelia, Colima, Puebla y Querétaro, entre otras, es donde se espera que la Red Compartida esté lista para vender capacidad desde este marzo, para después seguir avanzando hacia otras zonas urbanas y rurales. 

“Qué bueno que en el IFT estén hablando de obligaciones de cobertura; esta acción puede ser una buena idea, porque ahora tendrán (los operadores) que ir también a esas poblaciones que históricamente no han cubierto, sea por rentabilidad o por otros factores, con tal de hacerse con un espectro que les puede abrir más negocios por el creciente tráfico, por portación (de números), etc.”, comenta Salomón Padilla, especialista en redes de telecomunicaciones. “Puede ser una buena idea, porque ellos podrían, por como cuentan las bases de la licitación, enfocarse en sus planes que ya tenían previsto para ese espectro del 2.5 GHz y buscar otras alternativas para cumplir con esas obligaciones. Parece que se viene un juego interesante”. 

Con la licitación de los 2.5 Gigahercios, México pone atención a otros casos y bajo qué condiciones ha sido adjudicado este espectro en particular; en algunos países con la condición de que los operadores den mayor acceso de los usuarios a la tecnología, como ocurrió en Colombia; en otros, con obligaciones de cobertura social, como sucedió en Chile con los llamados “concursos de belleza”, y de toda la experiencia internacional con la banda de los 2.5 GHz dan cuenta la organización 5G Americas y la firma de consultoría Mediatelecom Policy & Law en una serie de informes. 

Tampoco es la primera vez que una nación piensa en un escenario futuro donde dos bandas sean las protagonistas del mercado, como México advierte hoy con las bandas de 700 MHz y de 2.5 GHz. Por ejemplo, en Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones preparó en 2012 una licitación conjunta de la banda del 2.5 para capacidad con la de 450 MHz para cobertura. 

La licitación de la banda de 2.5 GHz ofrece además dos incentivos para los interesados que no cuenten con espectro en las frecuencias de los 1.9 GHz (PCS), en 1.7/2.1 GHz (AWS) y en la misma 2.5, con lo que el IFT da posibilidad de que una empresa del extranjero o un nuevo jugador nacional entre al mercado móvil por el camino del 2.5, como Altán Redes con la Red Compartida, que al sólo ser poseedor de un ancho de 90 MHz en el espectro de los 700 MHz, podría competir por más señales para crear otros modelos de negocios.

La telefónica estadounidense Sprint Corp. ha sido señalada como una interesada en entrar a México y la subasta de los 2.5 GHz podría ser una vía. La compañía, si bien reportó mejores cuentas en el último trimestre, tendría que sanear antes sus estados financieros en Estados Unidos como para pensar después en una incursión en territorio mexicano, además de que a mediados del 2017 Sprint manifestó sus opiniones acerca de los planes del IFT para el espectro del 2.5.

“Sí, esto puede ser una oportunidad para la Red Compartida; pero también, si lo miramos desde otro ángulo, es una presión para Altán Redes, porque le está diciendo el IFT: 'te llegarán potenciales clientes, pero tienes que tener cobertura'. Entonces esto es como una oportunidad y una obligación no escrita allí y de quedará en ellos ver si la atienden”, agrega Salomón Padilla, de SAC Abogados. Con estas obligaciones, más que eso, se siente una apertura y un impulso al mercado; antes, (en licitaciones previas), establecían condiciones fijas y ahora te dicen 'estas son las alternativas, resuélvelo', y eso ayuda mucho al mercado, lo hace ser más creativo y a hacer más eficiente el espectro”.

nicolas.lucas@eleconomista.mx