La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) recomienda canalizar los cerca de 57,000 millones de pesos que se destinan discrecionalmente  cada año para el Ramo 23, como parte del presupuesto federal, a un fondo de mantenimiento de infraestructura carretera o de infraestructura verde que permita multiplicar esos recursos y sus beneficios.

Su propuesta, que tendría que llegar al Poder Legislativo para su análisis,  implica que el dinero se comprometa como fuente de garantía y pago por 20 años y con esa fuente de repago se emitan bonos.

En su documento Infraestructura sostenible 2030, la cámara estima que de tomarse esa medida, la administración federal que inicia en 2019 podría disponer ese año de aproximadamente 693,000 millones de pesos para mantenimiento de la red federal de carreteras.

La cámara, presidida desde la semana pasada por Eduardo Ramírez, realizó durante el año pasado nueve foros de consulta en diferentes entidades, con la finalidad de conocer las preocupaciones del sector y sus propuestas para colaborar en una política pública de infraestructura para el mediano y largo plazo.

Sus agremiados consideraron que los recursos del Ramo 23 (que tiene el propósito de integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del gobierno que, por su naturaleza, no es posible prever en otros ramos, o cuando su ejercicio sólo es posible por su conducto) son discrecionales y se pueden usar en beneficio del sector.

El monto que estima de los recursos o la mitad, luego de la emisión de bonos, representaría “una medida sin precedente de muy alto  impacto en términos de competitividad, rentabilidad socioeconómica y desarrollo regional”.

Además, se trataría de una decisión que permita aprovechar con mayor eficiencia parte importante del capital fiscal con el que cuenta el país.

En el apartado de propuestas del documento de CMIC, se establece que para dotar de certeza jurídica el instrumento financiero que plantean, sería indispensable referencial el monto anual de los recursos asignados a un porcentaje en la Recaudación Federal Participable en la Ley de Coordinación Fiscal, como ya ocurre con un porcentaje del Fondo de Aportaciones  para la Infraestructura Social.

“Otra opción sería direccionar los recursos del Ramo 23 a un fondo de infraestructura verde para financiar obras para el aprovechamiento sustentable del agua,  la generación de energías renovables, sistemas de movilidad inteligente o disposición y rehúso de residuos sólidos”, sugiere la CMIC.