La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) presentó la semana pasada a la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados una propuesta de modificación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objetivo de establecer las mejores condiciones para el desarrollo del sector en los siguientes años.

En los 64 artículos involucrados en el documento se busca: generar certeza jurídica para las partes involucradas, transparencia y equidad en los procesos de contratación, aplicación de los recursos en tiempo y forma, mejorar los instrumentos de solución de controversias y privilegiar los beneficios sociales y económicos sobre los procedimientos de control ya establecidos, por ejemplo.

Una buena regulación de las contrataciones públicas genera efectos virtuosos para todos. Por una parte, permite que el Estado haga un uso eficiente de los recurso públicos, lo cual genera eficiencia y certidumbre, que son las dos condiciones necesarias para incentivar la competencia y la inversión , se explica en el documento.

El presidente de la CMIC, Luis Zárate, ha reiterado en diversos foros la necesidad de sentar las bases de una política transexenal en el sector porque una visión de corto y mediano plazo limita el desarrollo económico del país.

UNA REFORMA CON FUTURO

Durante el 2012, el representante de los constructores lideró los trabajos de análisis junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Además se reunió con integrantes de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, entre otros organismos, para que la viabilidad de la propuesta de modificación sea mayor.

Manuel García, vicepresidente de Normatividad de la Cámara, comentó que entre los objetivos de la modificación está evitar que se preste más atención en los contratos, en ver si te multo, si no te pago o si reviso un precio que en la ejecución de la obra , como lo han manifestado las constructoras afiliadas.

Al respecto, se ha propuesto que las dependencias que elijan el mecanismo de puntos y porcentajes presten mayor relevancia a la calidad y precio de las proposiciones, observancia y cumplimiento de normas laborales y de aquellas relacionadas a la industria que permitan mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Además de la exigencia de proyectos ejecutivos completos .

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