La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) se mostró temerosa por la posibilidad de que se aprueben créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos en Estados Unidos, por sus implicaciones de certeza jurídica y sus efectos económicos.

Al participar en el XXVII Congreso de Comercio Exterior Mexicano, José Guillermo Zozaya, presidente de la AMIA, dijo que el sector privado, la Secretaría de Economía y la Embajada de México en Estados Unidos están cabildeando para detener esta iniciativa en el Congreso estadounidense.

No soy tan optimista de que lo vamos a parar, pero que sea acotado”, comentó Zozaya. “Estos incentivos pueden ser muy perjudiciales”.

Según la iniciativa, incluida en el plan Build Back Better del presidente Joe Biden, el crédito fiscal para vehículos eléctricos reducirá el costo de un vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos con materiales estadounidenses y mano de obra sindical en 12,500 dólares para una familia de clase media.

Durante los últimos meses, la Administración de Biden ha pedido que el Congreso adopte medidas sobre la agenda del Presidente para reconstruir mejor.

El plan Build Back Better busca impulsar el financiamiento en infraestructura tradicional como carreteras, puentes y autopistas, además del gasto en infraestructura humana, incluido un programa nacional de licencia familiar y médica pagada, iniciativas de energía limpia y cuidado de niños.

Si bien el Congreso está considerando actualmente estas propuestas, no está claro hasta qué punto se financiarán los programas propuestos.

En marco del proyecto de ley de presupuesto publicado a finales de octubre pasado por el presidente Biden se incluyen créditos fiscales para vehículos eléctricos “fabricados en Estados Unidos con materiales estadounidenses y mano de obra sindical”.

Específicamente, como parte de la iniciativa Build Back Better, el gobierno de Biden pretende ofrecer descuentos sustanciales a los consumidores y garantizar que las familias de clase media ahorren dinero a medida que cambian a la energía limpia y la electrificación.

Zozaya expuso también que la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal de México incrementaría, de aprobarse, los costos de fabricación afectando la competitividad de las empresas y frustrando nuevos proyectos e inversiones.

Sobre este punto, en el mismo evento, organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Antonio Ortiz-Mena, vicepresidente senior de la consultoría Albright Stonebridge Group, planeó que la iniciativa de reforma eléctrica desincentivará a las inversiones en México.

Ortiz-Mena argumentó que las empresas requieren consumir cada vez más energías limpias para poder participar en fondos de inversión, cumplir con  sus compromisos de huella de carbono, evitar impuestos fronterizos al carbono y mantener la preferencia de consumidores comprometidos con la sustentabilidad.

Así que ahora las empresas, concluyó Ortiz-Mena, establecen sus inversiones donde hay un suministro confiable de energía eléctrica, con precios competitivos y generada con fuentes limpias.

roberto.morales@eleconomista.mx