Argumentando el derecho a un medio ambiente sano para todas las personas en territorio mexicano, la organización ambientalista Greenpeace logró que un juez suspendiera a nivel nacional y con efectos para toda la industria todos los ordenamientos tanto de la nueva Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico, de la Secretaría de Energía, como el Acuerdo en este sentido emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Luis Miguel Cano, abogado consultor de Greenpeace explicó a El Economista que junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), al vincular la causa con el objeto social que persiguen estas organizaciones el juez segundo de distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó las suspensiones de los actos luego de admitir el recurso de amparo indirecto, con lo que se obliga no sólo a la Secretaría de Energía y al Cenace, sino a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a no realizar acción alguna prevista en los lineamientos publicados el 29 de abril y el 15 de mayo.

Según el experto, al emitir estos ordenamientos las autoridades violaron en primer término el artículo cuarto de la Constitución, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, además de lo previsto desde la reforma energética en el Artículo 25 en cuanto a desarrollo sustentable, junto con el transitorio 17 del mismo ordenamiento que habla de aumentar el uso de energías renovables y lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica en términos de sustentabilidad y eficiencia.

Por lo tanto, la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico publicada en el 2017 y fundamentada en los requisitos para la potencia en las horas pico del sistema permanece vigente, sin que se lleve a cabo el criterio de rapidez en el despacho que privilegiaba a las energías de base como la termoeléctrica por encima de las renovables. Igualmente, las 44 centrales eólicas y fotovoltaicas que en conjunto conectarían a la red más de 4,000 megawatts este año, podrán continuar con sus pruebas operativas.

El próximo 4 de junio se llevará a cabo la audiencia incidental sobre este amparo bajo el expediente 104/2020 y entonces la autoridad podrá presentar su recurso de queja y el juez determinará si la suspensión se convierte en definitiva hasta la sentencia del amparo.

Con este amparo, la organización ambientalista explicó que se pretende que prevalezca la legalidad y por ello se debe de investigar y corregir cualquier irregularidad que haya en las concesiones o en las subastas otorgadas en el pasado.

El año pasado el poder judicial ya otorgó una suspensión definitiva y de carácter general contra los lineamientos con los cuales la actual administración pretendía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuviera certificados de energía limpia con sus plantas anteriores a la reforma. La semana pasada, la CRE modificó al alza las tarifas de los generadores legados de autoabasto, buscando elevar el pago que realizan a la CFE por la transmisión de energía en su red.

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