El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López Figueroa, concedió una suspensión definitiva para que el gobierno federal permita continuar pruebas operativas de 13 proyectos de centrales de energías dentro del sistema eléctrico nacional.

La resolución judicial frena por tiempo indefinido la entrada en vigor del acuerdo que publicó el 29 de abril el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en el cual argumentó que la situación Covid-19 hacia necesario impedir que 23 nuevas plantas de energía renovable se conectaran a la red, alegando problemas de estabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El Juez López Figueroa estimó grave para la sociedad que paralice o retrase la entrada en operación de las plantas de energía limpia, ya que “pueden provocar el alza injustificada de precios y la reducción en la eficiencia de la prestación del servicio, en perjuicio de los usuarios finales”. Advirtió que, además, ello alteraría el funcionamiento del mercado en términos de libre concurrencia y competencia económica.

Consideró que no hay evidencia de que el Cenace evaluará el impacto ambiental de su decisión de frenar los proyectos de energía renovable, lo que es contrario al principio de evitar afectaciones en el medio ambiente.

Las empresas que obtuvieron el recurso judicial son: Akin Solar; Recursos Solares PV de México; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Eólica Tres Mesas; Versalles de las Cuatas Uno, Dos y Tres; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec de Pacífico; Mitre Calera Solar y Eléctrica del Valle de México.

Hasta el momento, dicho juez ha concedido siete suspensiones definitivas a 13 empresas afectadas por el Acuerdo del Cenace que impedía la entrada en funciones de nuevas centrales solares y eólicas al mercado eléctrico. El Juzgador aún tiene en trámite otros 20 amparos interpuestos por la misma razón.

La resolución prevalecerá por tiempo indefinido hasta que se resuelva el fondo del juicio.

El gobierno federal, a través del Cenace, aún puede recurrir a impugnar esta resolución judicial ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

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