Este año, las reformas constitucionales mexicanas en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión cumplen cinco años de su promulgación, aunque el balance de su implementación es positivo, persisten preocupaciones como la discrecionalidad del poder judicial para nombrar y remover a los magistrados de los tribunales especializados en estas materias, coincidieron expertos.

Los juzgados especializados constituyen uno de los pilares de la nueva arquitectura regulatoria en competencia y telecomunicaciones, pues acotan, corrigen o validan, en su caso, la actuación de los fortalecidos órganos reguladores de estas materias.

No obstante, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no hace públicos los criterios para nombrar o destituir a los magistrados, en contraste con la transparencia del proceso de selección para nombrar a los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Considero que hay poca claridad en los mecanismos de designación de magistrados y jueces. El año pasado hubo la remoción de un magistrado, el que llevaba más años estudiando temas de competencia”, opinó este jueves Javier Núñez Melgoza, socio fundador de Ockham Economic Consulting y excomisionado de la Cofece, durante su participación en la mesa “Balance de la reforma en materia de competencia económica y telecomunicaciones”, organizada por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.

El consultor aludía al magistrado Jean Claude Tron Petit, quien de forma repentina abandonó su cargo en el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia, Telecomunicaciones y Radiodifusión en diciembre del 2017, “se ha comentado que por quejas del operador preponderante”.

La integración de tribunales especializados fue una de las respuestas de las reformas del 2013-2014 para fortalecer la capacidad regulatoria del Estado en ámbitos históricamente litigiosos y de alta complejidad técnica.

Fernando Butler, exfuncionario de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones —antecesora del IFT—, opinó que, por ese motivo, es fundamental tener jueces con una capacitación excepcional y con experiencia, que además tengan certidumbre sobre los motivos por los cuales pueden ser separados de sus cargos.

“Los periodos de nombramientos varían entre dos y tres años, que creo que no son suficientes para formar un capital humano o conocimientos profundos para meterse en la materia”, mencionó.

Los comisionados de la Cofece y del IFT son seleccionados a través de un riguroso proceso de selección conducido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Banco de México y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, en el que deben demostrar una formación acorde al cargo, experiencia sectorial y solvencia técnica con la aplicación de un examen.

Para Gerardo Soria, del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, es preocupante que la opacidad en los nombramientos de magistrados pueda conducir a que personas con una formación insuficiente “puedan deshacer lo que hubieran hecho estos dos órganos técnicos (Cofece y el IFT) con mecanismos de selección de sus comisionados muy estrictos”.

El 9 de agosto del 2013, el CJF anunció la constitución de los primeros dos juzgados especializados en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, que abrieron al día siguiente.