Por considerar que existen elementos que hacen suponer que no hay condiciones de competencia efectiva, la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició dos investigaciones para determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia que puedan generar efectos anticompetitivos en el mercado de servicios de telecomunicaciones fijas en el Estado de México y Guanajuato, particularmente en el despliegue de infraestructura de redes.

En el extracto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el IFT estableció que dicho procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre las condiciones de competencia efectiva en el mercado investigado, ni de la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar lo anterior, se emitirá el dictamen preliminar en el que se determine el o los mercados relevantes y se notificará a los agentes económicos que pudieran verse afectados.

De acuerdo con el IFT, una barrera a la competencia puede ser una característica estructural del mercado o una conducta de algún agente económico que impida la entrada de nuevos competidores o limite su capacidad para competir. También pueden serlo las normas emitidas por cualquier orden de gobierno que indebidamente distorsionen el proceso de competencia.

El periodo de investigación no podrá ser inferior a 30 ni exceder los 120 días hábiles y comenzará a contar a partir de la publicación del extracto. El periodo de investigación podrá ser ampliado por la autoridad investigadora hasta en dos ocasiones, cuando existan causas que lo justifiquen.

Ramiro Tovar, especialista en competencia y regulación explicó: “no dice prácticas monopólicas ni absolutas, ni relativas, por lo que no es un problema entre concesionarios, sino que se podría referir a nivel de normatividad estatal o municipal en ambas entidades que obstaculizan hacer obra civil o utilizar inmuebles o derechos de vía, utilizar ductos o zanjas”.

Comentó que la ley federal de competencia habilita al Instituto para investigar y recomendar eliminar barreras.

El especialista señaló que se trata de una investigación “novedosa”; el IFT va a tratar de desregular o eliminar normatividades que evitan el tendido de redes. Dio como referencia que según el artículo 95 de la ley, si el Instituto determina la existencia de barreras y libre concurrencia podría incluso iniciar controversia constitucional.

En contraste, Jorge Bravo, analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM, consideró que sí es un asunto entre concesionarios. Por un tema de regulación “no debe haber discriminación de acceso a infraestructura pasiva”.

Dijo que al encontrarse las pruebas de que existen las barreras a la competencia, en caso de que se tratara de Telmex, por ser operador preponderante, no se le podría originar una nueva regulación pues ya tiene una regulación asimétrica a nivel nacional, aunque la autoridad sí podría imponer sanciones, dependiendo de la gravedad de la falta.

“Aunque debe analizarse el porqué de la negativa de acceso a la infraestructura, si era o no técnicamente razonable”, advrtió.

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