Aun cuando la prospectiva que se tiene en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) es que 80% de los más de 500,000 contratos colectivos de trabajo en el país son de protección, y tenderán a desaparecer, su titular Alfredo Domínguez Marrufo explica en entrevista que han intensificado los trabajos para que los sindicatos cumplan con esta nueva obligación de legitimación que no sólo exige la reforma laboral, sino que es parte del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Domínguez Marrufo admitió que observadores de Estados Unidos consideran que el proceso va lento y dudan que se pueda cumplir; pero afirma que en parte es porque se atravesó la pandemia y todo procedimiento se realizará siempre y cuando se cumplan con los protocolos de sanidad para evitar cualquier tipo de contagio en los centros de trabajo. Cabe señalar que hasta la fecha hay poco más de 550 contratos que se han legitimado.

Dado que el tiempo transcurre y existe una fecha límite para cumplir con este proceso, 2 de mayo de 2023, la autoridad laboral ha desarrollado una serie de protocolos necesarios para que los sindicatos cumplan con la obligación de dar a conocer a los trabajadores el contenido del contrato de trabajo y someterlo a votación para ratificar su permanencia o no.

El titular del Centro explicó que en las actuales condiciones, los sindicatos puede realizar en una consulta varias acciones, pues a la vez que pueden revisar sus incrementos salariales, pueden aprovechar para llevar a cabo el proceso de votación para ratificar el contrato; lo que sí no se puede “es que se quieran ir por la libre y decir que han hecho la legitimación cuando ni siquiera informaron a la autoridad, eso no es posible y en esos casos se rechazan los procedimientos”.

Detalló que si bien no es un proceso que corresponda directamente a las empresas, pues deben evitar toda injerencia.

“Este proceso de legitimación no tiene por qué dolernos, aún cuando se verifiquen los padrones con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de alguna manera el proceso es un compromiso que asumimos con nuestros socios comerciales. Además es un deber que la propia ley establece”, afirmó.

Añadió que “tenemos más de medio millón de contratos colectivos depositados en las juntas de este país, pero eso no quiere decir que todos estos contratos colectivos vayan a pasar por este proceso de legitimación porque gran parte de ellos, entendemos que se tratan de contratos de protección”.

Las centrales que cuentan con liderazgos reales son quienes han avanzado, explicó, por ejemplo, la industria cementera.

pilar.martinez@eleconomista.mx