La empresa canadiense Infinito Gold Ltd presentó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una demanda contra Costa Rica.

La demanda busca compensar, a la empresa, la inversión realizada en un proyecto minero a cielo abierto, en el norte costarricense, próximo a la frontera con Nicaragua, que fue judicialmente anulado en 2010, indicó la minera Industrias Infinito SA (IISA).

Como fundamento de la demanda se encuentran una serie de violaciones al Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones , dijo.

Dicha decisión ya fue notificada a la ministra de Comercio Exterior, Anabel González (...) y se invitó al país a resolver el conflicto en forma amistosa pero no se obtuvo ninguna respuesta ni se estableció contacto entre las partes , relató.

Infinito Gold pretende una compensación aproximada de 94 millones de dólares que comprende la inversión realizada en Crucitas desde 1993 más el pago intereses y costas legales , explicó.

Yokebec Soto, vocera de Industrias Infinito aclaró que ‘este es un proceso de índole privada por lo que la empresa no dará ninguna información sobre los detalles de la demanda ni tampoco compartirá ninguno de los documentos relacionados con la misma’ , anotó.

El proyecto fue anulado mediante el fallo emitido, en 2010, por el Tribunal Contencioso Administrativo.

Los magistrados de la Sala IV rechazaron, en junio del año pasado, por unanimidad, una acción de inconstitucionalidad tramitada por IISA, porque la Sala I –instancia de casación de la CSJ- ratificó, el 30 de noviembre de 2011, el fallo del tribunal contencioso.

La Procuraduría General de la República (PGR) y la empresa minera recurrieron, el 18 de enero de 2011, a la Sala I, tras el fallo del Tribunal Contencioso, en el cierre de ese proceso judicial referido al proyecto minero.

El juicio, que se desarrolló del 4 al 24 de noviembre de 2010, se centró en denunciadas irregularidades en la autorización inicial para el proyecto minero Crucitas, en el norte costarricense, en un punto cercano a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

El tribunal ordenó, al cierre del proceso, la cancelación de la concesión otorgada a la empresa minera, lo que fue seguido por el recurso de casación.

El tribunal también ordenó que el Ministerio Público (MP) determine si debe iniciarse causa penal contra el ex presidente costarricense (2006-2010) Oscar Arias y su ex ministro de Ambiente, Roberto Dobles.

erp