Los industriales mexicanos del acero negaron recibir subsidios en su proceso de producción como lo argumenta el gobierno de Donald Trump, por lo que los aranceles impuestos no tienen sustento y urgieron al gobierno se haga un frente común por la defensa del sector.

A través de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), las empresas siderúrgicas que operan en México explicaron que los supuestos subsidios denunciados por Estados Unidos contra México son programas de desarrollo industrial no específicos al sector, por tanto “no son sancionables al amparo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y muchos países en el mundo los aplican, incluido EU.

El organismo dirigido por Máximo Vedoya pugnó porque la Secretaría de Economía, a cargo de Graciela Márquez, establezca una estrategia de defensa del acero mexicano, ya que se argumenta que el gobierno de México otorga subsidios a su industria, lo cual es “totalmente incorrecto y sentaría un precedente que puede afectar a buena parte de las exportaciones de toda la industria nacional”.

El 8 de julio, el Departamento de Comercio (DOC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos determinó de manera preliminar la imposición de derechos antisubvenciones (antisubsidios) a productos de acero estructural habilitado, lo cual significa que las exportaciones de las empresas mexicanas involucradas en el caso estarán sujetas al pago de derechos antisubvenciones a su ingreso al mercado estadounidense, hasta un 74%.

“Analizaremos a profundidad la resolución preliminar del DOC, que entendemos es parte de un largo proceso y que las empresas afectadas en conjunto con el Gobierno mexicano estarán interponiendo los medios de defensa convenientes o necesarios para revertir el resultado preliminar de esta investigación anunciada recientemente”, informó la Canacero.

Argumentó que este procedimiento es contra las importaciones de una serie de productos específicos (acero estructural habilitado) y nada tiene que ver con la medida 232 que en el pasado fue aplicada, de manera injustificada, a 54 familias de productos de acero mexicano y que finalmente fue revocada por EU desde el pasado mes de mayo del presente año.