El ataque a la corrupción representa la prioridad más alta de las políticas públicas en México, por lo tanto debe contar con un órgano independiente a los tres poderes del Estado, de lo contrario no podrá detonar la actividad económica, consideró el sector privado.

Se requiere un órgano anticorrupción verdaderamente independiente de los poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, con jurisdicción nacional, para tener capacidad de fiscalización en estados y municipios , pugnó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Luis Foncerrada, director del organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), abundó que el combate a la corrupción requiere de un esfuerzo de inteligencia institucional para atacarla eficientemente, por lo cual, independientemente del recorte al gasto, debe tener un presupuesto fuerte para conseguir su cometido.

En su análisis ejecutivo semanal, el economista refirió que sólo una institución independiente resolverá los conflictos de interés que surjan en cualquier otro arreglo.

Hoy ninguna de las instituciones que podrían participar en este esfuerzo tiene la independencia ni la jurisdicción necesarias: ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la fiscalía anticorrupción, ni la Secretaría de la Función Pública. Todas éstas pueden ser parte del sistema, pero se requiere una institución rectora, con todos los atributos , sentenció.

Advirtió que cualquier otro arreglo será ineficiente, puesto que en los países con éxito en este combate hay un órgano independiente y/o un sistema que lo incluye.

Foncerrada dijo que la corrupción y la impunidad han contribuido a limitar el crecimiento económico, ya que estos aspectos se han fortalecido de tal manera que han escalado a niveles preocupantes, sobre todo porque han dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas del fortalecimiento del Estado de Derecho y del cumplimiento de las leyes.

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