El sector empresarial confía en que —el próximo  martes— el Senado de la República mantenga su rechazo a la regularización de vehículos usados y congele esa minuta que pretende legalizar el contrabando de 18 millones de unidades.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), explicaron que el Congreso tiene hasta el 5 de noviembre próximo para definir si acepta o no la reserva del artículo transitorio décimo quinto, o de lo contrario se congela hasta un nuevo periodo ordinario.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal anticipó que los senadores no avalarán dicha propuesta y mantienen su rechazo a legalizar esos autos al considerar que tendrá un impacto a la industria automotriz y generación de empleos.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que se sienten enormemente preocupados porque una vez más en la Cámara de Diputados se avaló una decisión que claramente fomenta la ilegalidad.

"Nos parece que decisiones de esa naturaleza, cuando estamos tratando de construir un país donde las leyes prevalezcan, donde todos tengamos que obedecer el mandato de la legislación y al mismo tiempo los creadores de las leyes, en este caso la Cámara de Diputados, vuelvan a insistir en la legalización de vehículos, dando la promesa de que esta situación puede ser regularizada en el futuro, nos parece fuera de proporción, de contexto y nos causa preocupación", explicó.

Guillermo Prieto Treviño, presidente de la AMDA, manifestó que es necesario que los senadores reiteren su negativa a regularizar los vehículos de contrabando debido al impacto negativo que tendría en el mercado automotor, el cual se encuentra en crisis con resultados negativos durante los últimos tres años, así como en la disminución de la recaudación fiscal que se causaría si las ventas de vehículos nuevos cayera 30% respecto al momento actual; tan sólo el impactó en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se dejaría de causar se estima en más de 50,000 millones de pesos.