El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que 14,553 empresas cancelaron su nómina completa en el mes de diciembre del 2019, lo que influyó en la pérdida histórica de puestos de trabajo en el último mes del 2019.

Robledo puntualizó que estas empresas son del orden de entre 101 empleados hasta 500 empleados, “considerando el salario base de cotización, una empresa de 100 empleados, más o menos debe tener una nómina como de 1 millón de pesos, o sea, no son pequeñas empresas”.

Asimismo, el director del IMSS sostuvo durante la conferencia matutina del mandatario López Obrador que se trata de “prácticas agresivas, justamente de subcontratación, que dieron de baja a todo su personal. Esto afectó en diciembre a más de 64,000 trabajadores en México. Adicionalmente a esto, está el tema de la estacionalidad y de ciertos sectores que también dieron de baja durante diciembre a grupos muy grandes de trabajadores”.

Añadió que esta afectación al empleo está vinculada, en algunos casos, con la utilización de esquemas de subcontratación directamente en las empresas.

Robledo mencionó que el gobierno identificó un grupo de 1,200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, donde se emplean a 860,000 trabajadores, principalmente en los sectores hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéuticas, minería y producción de alimentos.

Las acciones que emprendió el gobierno federal y que se mantendrán en el 2020 son: inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, revisiones fiscales a cargo del IMSS, del Infonavit y del SAT, la aplicación de varias medidas financieras por parte de la UIF; además, se dará apoyo a la regularización de los patrones reales y de sus trabajadores por parte, desde luego, del seguro social, también del Infonavit y del SAT; es decir, “se les invita a la regularización cuando se detecta que hay una acción indebida”, enfatizó el director del IMSS.

Además de buscar la regularización, las autoridades informaron que en los casos ilegales, es posible que se apliquen sanciones ejemplares y, en su caso, la integración de expedientes por parte de la Procuraduría fiscal ya como defraudación fiscal.

Zoé Robledo recordó que cada año en diciembre se pierden entre 200,000 y 300,000 empleos, ya como una práctica que impacta en la generación de empleo; sostuvo que “ya desde hace muchos años hay afectación en el IMSS por esquemas de subcontratación ilegal a los ingresos públicos”. En diciembre del 2019 se perdieron 249,320 empleos permanentes, mientras que 132,890 fueron de carácter eventual.

generación de empleo vs despidos
Generación de empleo vs. despidos

Perseguirán outsourcing ilegal como delincuencia organizada

El gobierno federal advirtió que perseguirá el outsourcing ilegal como delincuencia organizada, y a los patrones que contraten empleados mediante esa modalidad se les aplicará la ley de seguridad nacional, con lo que en ambos casos, podrían ser sancionados con 14 a 20 años de prisión.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, expresó que la subcontratación ilegal tiene que ver con la defraudación a los trabajadores, el lavado de dinero, así como defraudación al IMSS y al Infonavit.

Indicó que actualmente 5 millones de trabajadores están contratados bajo ese esquema. Destacó que la Ley Federal del Trabajo sí considera un esquema de subcontratación legal, cuando los patrones son solidarios con sus trabajadores. En cambio, mencionó, se considera subcontratación ilegal cuando un tercero contrata a una persona para que el patrón evada su relación laboral con ella.

Indicó que el outsourcing ilegal afectan porque precarizan el mercado laboral y la mano de obra; también la estabilidad en el empleo, el pago de utilidades, la antigüedad y liquidaciones.

Denuncias por defraudación fiscal ligada al outsourcing

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que ha presentado 51 denuncias por defraudación: 31 por empresas fachadas, 15 por facturación simulada y cinco por outsourcing ilegal.

Indicó que la UIF identificó a 1,854 empresas sospechosas, de las cuales siete fueron objetivos por esquemas de operaciones irregulares, como triangulación de recursos, accionistas sin información financiera, prestanombres y disparidad entre lo declarado y lo facturado.

Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, advirtió que habrá una “persecución” desde el gobierno en calidad de delincuencia organizada contra aquellas agencias de subcontratación ilegal de personal.

Expuso que esa Procuraduría recibirá las visitas de la Unidad de Inteligencia Financiera, como del IMSS y el SAT, para iniciar investigaciones por defraudación fiscal y presentar las denuncias que acrediten el delito y la delincuencia organizada conforme a lo aprobado el año pasado en la miscelánea fiscal, que entró en vigor a partir del 1 de enero.

“Al delincuente organizado que da este servicio, que presta este servicio ilegal, puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y condenado con 14 y hasta 20 años de prisión”, advirtió.

Indicó que para el caso de los patrones, que son los que contratan el servicio de tercerización o de outsourcing ilegal, se les podría aplicar el delito contra la seguridad nacional.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que se trata de una operación de prevención hacia las empresas, a las cuales les dijo que ya pueden pagar con tranquilidad sus impuestos, porque éstos “ya no son malversados”.

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