El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desea que más poblaciones indígenas o comunitarias tengan acceso a los servicios de telefonía e Internet por la vía de las concesiones sociales; y también que más microempresarios vendan esos productos en mercados muy definidos en tamaño de población o geográficamente alejados e inaccesibles de los núcleos ya cubiertos por múltiples servicios y redes de comunicación.

El regulador afirma tener experiencia sobre cómo tramitar concesiones de uso social o para telecomunicaciones pagadas y acerca de cómo contactar a proveedores para hablar con ellos sobre insumos esenciales, para que en conjunto, por ejemplo, una asociación comunitaria tenga mejores posibilidades de conseguir el éxito con una red de telecomunicaciones de tipo social.

Esta podría ser una alternativa para que los mexicanos que todavía no cuentan con una conexión de Internet, alrededor de 40 millones de personas en ubicaciones muy dispersas por todo el territorio nacional, sean atendidos por organizaciones no lucrativas o por empresarios locales, en lo que redes como la mayorista Altán o la red estatal del nuevo gobierno federal avanzan con su cobertura hacia esas regiones y en tanto que los operadores tradicionales de red han desestimado crecer más allí, porque llevar cobertura a las zonas rurales cuesta muchos miles de dólares que escasean frente a la rentabilidad conseguida.

La idea del IFT es apuntalar la cobertura en poblaciones con menos de 2,000 habitantes con concesiones sociales o de la mano de micro-operadores, estrategia de negocio que por su parte ya han seguido los operadores regionales y locales afiliados a la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM).

El discurso del IFT también contrasta con el actuar del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que en mayo se ensañó contra el operador local Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C., por un crédito fiscal, congelando sus cuentas y las comunicaciones de sus usuarios indígenas en plena emergencia por un incendio forestal en Nochistlán, Oaxaca.

IFT contribuye a sacar a los indígenas de la marginación

Adolfo Cuevas Teja, comisionado en el IFT, mostró el interés del órgano regulador por dialogar con grupos comunitarios para cristalizar nuevos proyectos de servicios de telecomunicaciones en regiones indígenas o económicamente deprimidas, para que aquellos mexicanos tengan una posibilidad real de abandonar la marginación por el hecho de que Internet es un habilitador de derechos y de oportunidades de desarrollo.

Invitado por el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios (Citsac) para hablar de redes comunitarias en telecomunicaciones y radiodifusión, y sobre cómo México ha sido modelo en la materia para otros países latinoamericanos, Cuevas Teja dijo que la legislación mexicana ya reconoció el valor de las comunidades que trabajan en proyectos de comunicación, una “anomia” que fue abatida por la política regulatoria y de ahí el “tremendo” crecimiento de estaciones de radio con concesiones de uso social, por ejemplo, pero insistió en que aún faltan acciones para dotar de un verdadero acceso universal de Internet a los doce millones de mexicanos que son los descendientes directos de los pueblos originarios, el 9.0% de la población actual del país.

Llevar accesos de telecomunicaciones y dar voz en radiodifusión a 363 naciones y 68 grupos lingüísticos que componen el espectro de la identidad mexicana es el reto del Estado, pues mientras que en zonas urbanas los operadores ya bosquejan redes avanzadas de comunicación, a los grupos indígenas apenas llegan las coberturas de 2G y 3G, “de tal manera que se van acumulando las esferas de marginación, concentrándose ésta todavía más perniciosa y más difícil de superar (…) Tenemos que abordar eso como una estrategia de desarrollo. Es un asunto básico de dignidad para que ellos puedan reflejar su realidad y conocer la de los demás. Ese es el reto”.

Espectro y trámites más baratos para las redes comunitarias

Cuevas Teja, uno de los tres comisionados que aún quedan de la primera generación de reguladores que conformó al IFT en 2013, indicó que un centenar de micro-operadores de telecomunicaciones se han acercado a esta entidad a solicitar concesiones, para vender telefonía, Internet o televisión de paga en mercados muy locales y varios de ellos han conseguido un notable desempeño, en comparación con los grupos comunitarios, ya que para estos no se han entregado más de tres concesiones sociales, en muchas de las ocasiones debido a su desconocimiento sobre cómo iniciar esta tramitación.

“Tenemos experiencia en concesiones comerciales otorgadas para pequeñas comunidades que han decidido realizar un proyecto de índole comercial. Con fines de lucro, pero para satisfacer a un núcleo de población sumamente pequeño. Eso lo ponemos a su disposición y la invitación que traigo es que realicemos en los próximos meses, antes de que termine el año, un foro-taller donde les compartamos toda la experiencia de lo que hemos aprendido sobre cómo es que estos proyectos de concesiones comerciales para zonas aisladas, en localidades de baja población, están teniendo éxito”, dijo Adolfo Cuevas este sábado.

“Qué tecnología están usando, qué tipo de equipos, qué organización corresponde (…) Son proyectos exitosos; son comerciales, pero obligadamente por el tipo de comunidades a las que sirven no tienen los márgenes que tienen los grandes operadores del país. Queremos ofrecerles esto para que lo hagamos y esperemos nos ayuden y que tengamos ese intercambio abierto, con gente que tiene interés similar al suyo, aunque lo estén haciendo desde un punto comercial”, dijo Cuevas.

El comisionado asintió además que en el IFT existe la simpatía para que en el futuro cercano se modifiquen los parámetros en lo que toca a los cobros de derechos por el uso y explotación del espectro para servicios de telecomunicaciones establecido en la Ley Federal de Derechos, que más allá de beneficiar a los grandes operadores del sector, también repercutiría positivamente en los concesionarios de uso social.

“Es la misma tasa que pagan los comerciales, sean los tres o cuatro gigantes o sean estas Pymes o comunitarias (…) Otro aspecto relevante es el cobro por el uso del espectro en un municipio: se tasa con base en un municipio, no por comunidad mínima para el total; si alguien quiere solamente operar en una localidad de un municipio y no servir a los 20,000 habitantes, sólo a 500, también tendría que reconocerse en la Ley de Derechos para que pudieran pagar sólo por esos 500 habitantes. Es algo que vale la pena analizar. No podemos pronunciarnos más, porque podríamos ser recusados, pero es un tema que vemos con simpatías y es un tema que a nivel general hemos hablado con la Secretaría de Hacienda sobre la necesidad de revisar el cobro de derechos para el todo el ecosistema de telecomunicaciones”.