El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el encargado de realizar el proyecto en el que propondrá a los ministros de la SCJN si resuelve o no una controversia constitucional promovida por el Senado de la República de manera prioritaria en contra del acuerdo del 12 de noviembre en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fijó reglas para la portabilidad numérica.

El Senado argumenta que es imperante que el presente tema se resuelva prioritariamente , pues al reconocerse la existencia de agentes preponderantes de parte del propio IFT; se deduce la existencia de un problema continuado de concentración económica que podría estar produciendo sobreprecios en el mercado de las telecomunicaciones del país, del cual dependen más de un centenar de millones de usuarios.

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Esta condición se impide con la prolongación de la entrada en vigor del programa de portabilidad que establece la Ley , argumenta el Senado de la República mediante la Solicitud de Resolución Prioritaria, proceso que llegó al Máximo Tribunal el 05 de enero de 2015 y que fue turnado al ministro Gutiérrez Ortiz Mena para que determine si la SCJN se pronuncia de fondo al respecto o no.

Asimismo los legisladores exponen que el ejercicio extralimitado de la facultad reglamentaria que se acusa en contra del IFT, se traduce en un impedimento para que la implementación de la portabilidad (como derecho de los usuarios y como vehículo para la consumación de una competencia real en el mercado de las telecomunicaciones) pueda avanzar con la prontitud que fue originalmente prevista.

De la pronta implementación depende la consolidación de principios en materia económica que deben prevalecer para el pronto desarrollo del sector, arguyen los senadores.

El Acuerdo General relativo a la atención prioritaria de controversias constitucionales señala que una vez que el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena reciba un informe del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre juicios de amparo radicados en los Tribunales Colegiados o Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, o en los tribunales judiciales, administrativos relativos a la materia impugnada (el cual debe estar listo cinco días hábiles tras la recepción de la solicitud); tiene hasta diez días hábiles para elaborar el proyecto de dictamen para determinar si el Máximo Tribunal resuelve o no la controversia.

Ello ocurrirá en sesión privada aproximadamente a finales de enero.

ana.langner@eleconomista.mx

mfh