El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpondrá una controversia constitucional en contra del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.

El Instituto informó, que tras evaluar el impacto del recorte de 280 millones de pesos en su presupuesto para este año, decidió interponer la controversia “por considerar que se vulnera la función regulatoria de este órgano autónomo, prevista en el Artículo 28 de la Constitución”.

Destacó que al IFT corresponde promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión; la promoción, supervisión y regulación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de ambos sectores; así como ser autoridad en materia de competencia económica, para lo cual debe contar con un presupuesto que le permita el ejercicio eficaz y oportuno de dichas competencias constitucionales.

El regulador aseguró que desde su creación ha cumplido cabalmente con su mandato constitucional y, en estricto apego al marco legal que rige el ejercicio de sus funciones como el órgano autónomo encargado de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como autoridad en competencia económica para ambos sectores, ha ejercido el presupuesto asignado atendiendo los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público.

Dio como referencia que los cambios observados en los últimos años en estos sectores han beneficiado directamente a la población, prueba de ello es que los precios de los servicios de comunicaciones en su conjunto cayeron más de 25%; en telefonía móvil,en el periodo de junio del 2013 a junio del 2018, la reducción es de más de 43%; el acceso a banda ancha móvil se ha triplicado y actualmente existe mayor oferta de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.

El recorte presupuestal de 280 millones de pesos respecto del monto solicitado por el órgano regulador ya incluía un decremento en términos reales de 14.8% respecto al presupuesto autorizado 2018.

Con la reducción adicional aprobada por los legisladores, la disminución en los recursos presupuestales del instituto es de 25% en términos nominales, en relación con el monto aprobado el año pasado, y de 37.5% en términos reales acumulado desde el 2014.

La controversia constitucional del IFT se suma a la de la Cofece y el Banxico, aunque estos dos últimos son en contra de la ley de remuneraciones.

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