El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó por unanimidad entregar una concesión única para uso público a CFE Telecomunicaciones Internet Para Todos, la empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) creada por el actual gobierno federal para proveer servicios de Internet para los mexicanos aún desconectados.

CFE Telecomunicaciones Internet Para Todos tramitó su concesión de telecomunicaciones el lunes 5 de agosto, apenas tres días de su constitución formal como empresa productiva del Estado y una semana antes de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunciara la cancelación de la licitación para desarrollar la Red Troncal.

 

 

El regulador necesitó entonces 17 días hábiles para estudiar y discutir el otorgamiento de una concesión, en este particular de uso público para CFE Telecomunicaciones Internet para Todos.

“Se analizó y constató el cumplimiento de lo establecido por los artículos 72 y 73 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales contemplan los requisitos que deben ser satisfechos para la obtención de un título de concesión única (…) Para otorgar la concesión, el IFT contó con la opinión de la SCT, tal como lo ordena el artículo 28 de la Constitución”, dijo el regulador en un boletín de prensa.

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos pretende conformar una red de telecomunicaciones sin fines de lucro, contemplando las capacidades de la Red Nacional de Fibra Óptica, la infraestructura activa y pasiva de que disponga la CFE y, en su caso, el uso de tecnologías inalámbricas en las bandas de uso libre.

La nueva estatal solicitó su concesión para proveer Internet a la población que no cuenta con dicho servicio y manera gratuita también en escuelas, centros de salud, centros comunitarios y áreas públicas de uso común a cargo de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) del IFT, en México existe un 84% de cobertura poblacional con tecnología 4G por banda ancha móvil y de 88.4% con 3G.

Pero, “aún con los esfuerzos realizados por diversas instancias públicas y privadas, los servicios referidos todavía no son accesibles para todos los habitantes del país, por lo que la figura legal del concesionamiento público, aunado a otro tipo de políticas públicas, cobra especial relevancia para el Estado; más aún cuando se trata de garantizar el pleno cumplimiento del derecho constitucional establecido por el artículo 6° de la Carta Magna”, agregó el IFT.