Pese a que el gobierno federal no propone incremento de impuestos para el próximo año, sí plantea 70 modificaciones fiscales al Congreso de la Unión, que atentan contra la justicia tributaria, al provocar mayor carga fiscal, limitarán las deducciones a los contribuyentes cautivos y permite la informalidad, alertó la Cámara de Comercio Internacional (International Chamber of Commerce México, por sus siglas en inglés, ICC México).

Las propuestas enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados son excesivas e incrementan el clima de escasa certeza jurídica para la inversión extranjera directa y cada día saldrá más caro para los contribuyentes cautivos cumplir con las tributaciones”, sostuvo el organismo privado internacional.

La propuesta de reforma, dijo la ICC, se centra en establecer mayores requisitos y formalidades a determinadas transacciones que realizan las empresas actualmente (principalmente con partes relacionadas), ya sea para limitar sus efectos fiscales o para incrementar el ya de por sí largo catálogo de atribuciones y facultades para desestimar dichos efectos fiscales, a fin de elevar la recaudación fiscal por la vía de revisiones fiscales.

Los empresarios de diversas naciones instalados y operando en México advirtieron que de ser aprobadas por los legisladores, las iniciativas legales generarán un mayor costo de cumplimiento para los contribuyentes cautivos.

Acusaron que dicha miscelánea fiscal deja –nuevamente- fuera a la economía informal.

“Se introduce un sistema denominado Régimen de Confianza, pues éste viene a sustituir –con algunas ligeras diferencias-- al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que sustituyó, a su vez, al Régimen de Pequeños Contribuyentes, que reemplazó al Régimen Simplificado, que ocupó el lugar del de Contribuyentes Menores, sistemas todos los anteriores que han tenido como objetivo afiliar al padrón de contribuyentes formales a pequeños empresarios que operan en la informalidad, objetivo que no se ha cumplido en más de cuatro décadas de este tipo de regímenes”, agregó la Cámara de Comercio Internacional.

Entre los diversos temas de la propuesta fiscal que generan preocupación en el sector empresarial, son que se elimina la posibilidad para las empresas maquiladoras de solicitar una resolución de precios de transferencia (APA), contraria a las recomendaciones de la OCDE en esta materia. “Estas empresas, cuando opten por el llamado “safe harbour” deberán demostrar que su utilidad es mayor al resultado propuesto en la iniciativa”.

Además, en materia de precios de transferencia, se elimina la distinción entre partes relacionadas en México o en el extranjero para todos los efectos; se exige mayor detalle en la información de documentación comprobatoria, incluyendo un análisis funcional de la empresa actora y sus partes relacionadas; se limita el uso de información comparable al ejercicio en cuestión y se acepta el uso de métodos distintos al intercuartil derivado de un procedimiento amistoso con otro país.

La ICC “realizamos un llamado respetuoso a la Cámara de Diputados federal para analizar a profundidad las modificaciones, como fueron presentadas.