Entraron en vigor las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General que homologan los procesos de Evaluación de Impacto Social (Evis) en cuatro niveles, según su complejidad, para proyectos eléctricos y de hidrocarburos. Estos procesos ante las comunidades serán obligatorios antes de la gestión de cualquier permiso y en caso de ser necesaria, la resolución afirmativa de la consulta libre e informada a comunidades indígenas condiciona su aprobación.

La resolución en sentido aprobatorio de la Evis es requisito indispensable para que los asignatarios, contratistas, permisionarios o autorizados inicien las actividades de que se trate, resalta la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Además, los proyectos de exploración de hidrocarburos deberán de presentar una Evis para las actividades de exploración, y posteriormente otra para las actividades de explotación. Los tiempos de autorización por parte de las autoridades para los proyectos de hidrocarburos serán de 90 días hábiles, mientras que para los de la industria eléctrica serán de 90 días naturales. Una vez que se apruebe, la Evis se mantendrá vigente durante toda la vida del proyecto, a menos que éste tenga cambios de área que impliquen nuevos impactos.

Respecto a la consulta previa, libre e informada a comunidades y pueblos indígenas, las disposiciones ordenan que identificar a las comunidades corresponde a las empresas con base en información de las autoridades locales. Si existe un sujeto colectivo titular del derecho a la consulta y existe la posibilidad de afectar sus derechos colectivos, se notificará al promovente privado la resolución sobre la procedencia de una consulta previa que debe incluir la identificación de las comunidades o pueblos indígenas y los derechos colectivos susceptibles de afectación, junto con el objetivo, principios y componentes que deberá regir el procedimiento de consulta.

Tan sólo el año pasado fue necesario iniciar los procesos de consulta previa en 10 estados del país, en Campeche, Oaxaca y Sonora, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Hidalgo y Chihuahua, según GMI Consulting, firma especializada en gestión social, ambiental y de infraestructura.

Procesos distintos por actividad

En las nuevas disposiciones se establecieron cuatro formatos para distintas actividades que requieren Evis: el tipo A para proyectos más simples como expendio de productos al público y transmisión de energía a corta distancia; tipo B para exploración superficial, distribución por ductos a corta distancia, distribución mediante plantas, transporte a corta distancia por ductos y generación de electricidad en escalas menores.

El formato tipo C aplicará a la exploración petrolera superficial, almacenamiento de combustibles, transporte en hasta 100 kilómetros de ductos y generación de hasta 200 megawatts. Y finalmente el tipo D será para las actividades más complejas como tratamiento y refinación de petróleo, transporte por ducto por más de 100 kilómetros, exploración y extracción de hidrocarburos y generación eléctrica mayor a 200 megas.

“Los Formatos A y B cuentan con una menor complejidad que los formatos C y D, ya que no será necesario llevar a cabo trabajo de campo para la integración de la Evis”, explicó GMI Consulting en su análisis de las nuevas disposiciones.

En el caso de los formatos C y D, la complejidad será mayor, con trabajo de campo, con enfoque participativo con las comunidades, mapeo de los actores de interés y planes de gestión social que incluyan planes de inversión y participación activa de las comunidades, entre otros.

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