El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que las constructoras mexicanas Teya, GIA y Prodemex no volverán a participar en la nueva licitación para desarrollar el Tren de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro, que se publicará en los primeros días de enero, al no haber impugnaciones por los afectados por la cancelación del fallo previo.

Más que por una cuestión legal, dijo, su salida se debe al debate y cuestionamiento público generado en las últimas semanas, el cual motivó la revocación del fallo asignado el mes pasado al consorcio chino-mexicano, liderado por China Railway Construction Corporation (CRCC). Teya pertenece a Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, y fue señalada días después de la anulación del fallo por la venta de una lujosa propiedad a Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que fue objeto de críticas por el supuesto conflicto de intereses de la operación.

En reunión de trabajo con diputados de la comisión especial que revisa el proceso, Ruiz Esparza reiteró el interés del gobierno de China porque su paraestatal esté presente en el proceso, aunque deberá hacerlo con nuevos socios para dar cumplimiento al tema de contenido nacional que fijará el concurso.

Esperamos que haya más ofertas de empresas. Creo que la propuesta del gobierno chino a través de su empresa más importante de infraestructura tiene características muy favorables para ser calificada como muy ventajosa y va a ser muy difícil, por los costos de mercado que tenemos, que haya otras que puedan tener un costo mejor , comentó el funcionario.

En la reunión, que duró más de tres horas, el funcionario argumentó la legalidad del proceso anterior, aunque aceptó que en su encuentro del mes pasado en el Senado, horas antes de anunciar la cancelación, hubo suspicacias por los nombres de los dueños de las empresas ganadoras que forman parte del consorcio y se insinuó que hubieran contado con información privilegiada (...) y se hizo mención de la vinculación de una de las empresas con un ex presidente de México .

Luego de informar a las empresas afectadas sobre la situación, al interior de la dependencia se acordó apelar a los artículos 40 y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que permite cancelar un proceso de licitación para proteger interés del patrimonio del Estado.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx