En 2020 el grupo interinstitucional sobre subcontratación conformado por diversas dependencias del gobierno federal mantendrá las inspecciones para detectar las malas prácticas que realizan contratistas y que afectan a los trabajadores, así como a los ingresos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

"Se trata de acciones que son indispensables para terminar con quienes han hecho mal uso del outsourcing. El presidente de la República reconoce que hay buenas y malas prácticas, lo cual permite a las empresas que cumplen con la ley a mantenerse”, dijo Germán de la Garza de Vecchi, especialista laboral de la firma Mowat.

El abogado laboral destacó que actualmente la Ley Federal del Trabajo regula, desde el 2012, esta actividad, “es legal la subcontratación, es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa, está regulado en los artículos 15A, 15B, 15C y 15D donde hay candados específicos”.

Fernando Yllanes, representante empresarial del sector laboral, recordó que la subcontratación ilegal es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social.

Datos que presentó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) indican que, al cierre de 2019, hay alrededor de 6,000 empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando a los derechos de los trabajadores por un monto de 21,000 millones de pesos anuales.

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