La Secretaría de Comercio en Argentina denunció a casi una docena de empresas por faltantes de productos y reforzó las inspecciones. La próxima semana habrá encuentro con los formadores de precios del sector de alimentos y también a construcción, electrónicos y electrodomésticos, e indumentaria y textil.

En ese contexto, tras las inspecciones de las últimas semanas, la secretaría de Comercio avanzó con la imputación a 11 grandes empresas de consumo masivo por retener productos y faltantes en la entrega. La denuncia alcanza a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por falta de inventario, problemas de distribución o falta de información, según el caso. Los privados tienen cinco días para responder y evitar multas.

El Gobierno exige que se restablezcan los stocks a noviembre, además de asegurar la distribución. Las empresas señalaron que, tras la notificación, trabajan en los descargos para complementar la información que ya se había adelantado.

La mayoría de los fabricantes asegura que están produciendo al tope de capacidad pero con las restricciones de la pandemia. Y recuerdan que en diciembre faltaron insumos como el aceite, afectado por el paro del sector. "Hay todavía un porcentaje del personal licenciado", agregan sobre la pandemia.

"No podemos fabricar todo, todo el tiempo. Por eso priorizamos los productos de mayor consumo o que están en Precios Cuidados", aclararon desde una de las compañías. Ante la convocatoria a discutir precios la próxima semana, en algunos casos consideraron que la imputación de Comercio es un "anuncio mediático" para generar efecto ya que "el Gobierno está al tanto de todos los faltantes de la cadena o los cierres de planta por casos de Covid", entre otros puntos.

"El diálogo no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes", explicó tras la reunión de Gabinete económico el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, en referencia a la ley de Abastecimiento. Por el momento, la medida que tomó el Gobierno se encuadra en la "resolución 100" de la emergencia que fijó Precios Máximos.

Antes de la denuncia habían recibido una intimación a "incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda".

El Gobierno reforzó en las últimas semanas las inspecciones en los supermercados a las que en el último fin de semana se sumaron inspectores de AFIP, donde encontraron faltantes de productos de consumo masivo que se debían al eslabón productivo y no a los supermercados.