El fallo que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgico de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, a fin de que cubran 54 millones de dólares a los trabajadores, está sustentado en los tiempos legales y no en actos políticos, pues pareciera que lo que se busca es un superfuero.

Así lo dio a conocer el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, quien tajante negó que haya un trasfondo en la resolución del fallo pues, dijo, “me da la impresión algunas veces de que es una especie de reclamo a un superfuero prematuro, porque la razón por la que el laudo se emite la conocen perfectamente quienes han sido defensores del sindicato”.

Añadió que ellos en buena medida son los que han determinado los tiempos con sus recursos y sería absolutamente injustificado que se hiciera por razones vinculadas con cuestiones electores.

En conferencia de medios en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del trabajo presentó un recuento del conflicto de los mineros, quienes demandaron el pago correspondientes tras la privatización de la Mina de Cananea a Grupo México.

“El fideicomiso que se crea para el efecto recibe esos 55 millones de dólares en enero del 2005. Para febrero del 2005, el Comité Técnico autoriza la cancelación de ese fideicomiso y en marzo se extingue el fideicomiso y el sindicato recibe 54 millones de dólares”.

En mayo comienzan una serie de demandas de los trabajadores mineros que reclaman la distribución de esos recursos que forman parte del sindicato. Un poco más de 1,000 trabajadores mineros interponen esas demandas en la Junta.

Recordó que pasaron siete años, por una serie de recursos que el sindicato interpone, y es hasta el 2012 que está listo el primer laudo favorable a los trabajadores que hicieron ese reclamo. Eso sucede en el 2012.

En el 2013, el sindicato interpone ante el poder Judicial recursos contra ese laudo y se otorgan cuatro amparos por razones procesales. Eso sucede en el 2013. Para el 2016, están resueltos esos amparos. El Tribunal Federal ya lo resolvió y le requieren a la Junta que emita el laudo en diciembre del 2016.

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