El centro de análisis de políticas públicas, México Evalúa, concluyó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no analizó la idoneidad de realizar su más reciente compra consolidada de carbón para generación térmica instruida desde el Poder Ejecutivo federal ya que con el objetivo de reactivar la economía local de Sabinas, Coahuila, realizó prácticas que beneficiaron a empresas en contra de su propia normativa, en un proceso poco transparente y carente de rendición de cuentas.  

En el estudio de caso “Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la CFE: El caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila”, México Evalúa explicó la franca contradicción con el marco normativo vigente de la CFE de esta adjudicación directa de 2 millones de toneladas de carbón a 60 productores de la región sin intermediarios en octubre del año pasado: “favorecer a ciertas empresas por la vía de la adjudicación directa tendría que pasar por procedimientos específicos según la normatividad interna de la empresa, y en función de su objetivo principal: producir valor”. 

Porque además, la compra tuvo desde el origen un proceso poco transparente, que omitió el seguimiento de procedimientos establecidos en la normatividad de CFE, sin que se activaran alarmas o mecanismos de rendición de cuentas, a pesar de diversos señalamientos públicos de irregularidades y corrupción, como expone México Evalúa a través de la revisión profunda de toda la documentación disponible sobre estas compras y el acercamiento con los implicados.  

La compra se llevó a cabo con el objetivo de apoyar la economía de los productores locales de carbón, según lo refirió el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. Después de un censo, aplicación de cuestionarios y verificación de la legalidad de los productores, realizado con apoyo de la Subsecretaría de Minería y el Servicio Geológico Mexicano se otorgaron los contratos a 15 micro y 15 pequeños productores (73% del volumen), 17 a medianos productores (16%) y 13 a grandes productores (11%). 

“Hay que apuntar, a manera de reflexión, que el Estado mexicano cuenta con otras herramientas para impulsar el desarrollo económico de regiones o grupos específicos”, expuso México Evalúa, “ahí está la política de contenido nacional, que obliga a las empresas a tener cierto porcentaje de los bienes, servicios, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructura física local y regional, del total del valor en moneda nacional. Para esto, la Secretaría de Economía establece la metodología de contenido nacional, y posteriormente verifica su cumplimiento por parte de todas las empresas, tanto de la industria eléctrica como de la de Hidrocarburos”. 

Por ello, independientemente del contexto y los alternativas que tuvo el Ejecutivo para lograr el fin expreso, en esta compra hubo irregularidades y falta de las mejores prácticas en materia anticorrupción, particularmente en lo relativo a la alineación con las normas más altas de ética e integridad, la supervisión del Programa Anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas y la relación con terceros. 

Por tanto, México Evalúa realizó recomendaciones respecto a sus hallazgos, tales como fortalecer un compromiso al más alto nivel con la integridad pública y la agenda anticorrupción, ya que el Estado y la CFE deben comprometerse a cumplir con los más altos estándares de integridad pública y hacer evidente y patente que se procura un buen gobierno de la empresa pública, con las mejores prácticas aplicables.  

También aconsejó establecer una relación de propiedad responsable puesto que el Estado no intervenir en la operación de la empresa productiva del Estado y el Consejo de Administración y los demás órganos de gobierno deben actuar diligentemente para proteger la autonomía de sus decisiones dentro de la CFE.  

También expuso la urgencia de revisar a fondo la estrategia anticorrupción de CFE, con estrategias como reducir desde la normativa la posibilidad de las excepciones al concurso abierto en compras, y clarificar el proceso para la aprobación de éstas; establecer una estrategia de gestión de riesgos 

con análisis sistemáticos que puedan prevenir y mitigar los riesgos potenciales de la empresa, tales como conflictos de interés, irregularidades en empresa, así como establecer la obligación de presentar informes públicos de los avances en materia anticorrupción, fomentar la participación de la sociedad civil, la comunidad empresarial, la ciudadanía y medios de comunicación a lo largo de los procesos.  

Finalmente, recomendó implementar y supervisar el programa anticorrupción en el que el Consejo de Administración tiene un rol fundamental, crear y procurar una relación con terceros en un 

marco anticorrupción y mejorar la transparencia en los procesos de compras.

karol.garcia@eleconomista.mx