El proyecto de ley de implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que la Casa Blanca envió este viernes al Congreso, incluye la creación de una oficina en el Departamento de Comercio para la supervisión del cumplimiento de los compromisos laborales en México.

La oficina ayudará en la administración del mecanismo laboral de respuesta rápida para supervisar el cumplimiento de tres cuestiones específicas en instalaciones mexicanas de manufacturera, servicios o que involucren a la minería: la aprobación de un líder sindical, la constitución o modificación de un contrato colectivo.

Concretamente, la oficina brindará asistencia a asesores técnicos y expertos, paneles binacionales y comités de impugnaciones extraordinarias.

La oficina “no se considerará una agencia” para el propósito de sus funciones y recibirá 2 millones de dólares en fondos cada año fiscal a partir del 2021.

Según el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, las penas serán determinadas por paneles que aplicarán exclusivamente cuando involucren incumplimientos al tratado referentes a las violaciones sobre derecho de libre asociación sindical y negociación colectiva.

Consecuentemente, un panel deberá dictaminar casos sobre presuntas violaciones a las regulaciones del tratado en 115 días, aunque también ofrece un periodo de 85 días para llegar a un entendimiento mutuo a partir de que se hace la notificación.

Así, el mecanismo laboral de respuesta rápida permite que una parte resuelva una queja laboral a nivel nacional antes de que se forme un panel binacional de tres miembros, con panelistas elegidos por las partes. A los panelistas laborales se les permitiría inspeccionar las instalaciones como parte de sus deberes de búsqueda de evidencia.

Además, el proyecto de la ley de implementación propone que el presidente de Estados Unidos establezca un “grupo de trabajo”, a más tardar 90 días después de la fecha de promulgación de esta ley, para “monitorear la aplicación de la prohibición por parte de Estados Unidos bajo la sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930”, a través de reuniones que se celebrarán trimestralmente. La sección 307 prohíbe la importación de bienes hechos con trabajo forzado.

También establece la creación de una “junta de expertos laborales independientes de México” para monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral de México y el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Esta junta deberá asesorar al Comité Laboral Interinstitucional (entre agencias de Estados Unidos) “con respecto a las actividades de desarrollo de capacidades necesarias para apoyar dicha implementación y cumplimiento”.

La junta estaría compuesta por 12 miembros: cuatro nombrados por el Comité Asesor Laboral y cuatro designados por la Cámara y el Senado con demócratas y republicanos, cada uno eligiendo dos miembros.

Los miembros de la junta funcionarán por periodos de seis años. La junta presentaría informes anuales a comités del Congreso y al Comité Laboral Interagencial.

Como parte de esos informes se incluirá “una evaluación de los esfuerzos de México para implementar la reforma laboral de México”.

El informe puede añadir una determinación de que México no cumple con sus obligaciones laborales.

El proyecto de ley establecería el Comité Laboral Interagencial, que estaría copresidido por la representación comercial de la Casa Blanca y el secretario del Trabajo. Ese comité incluiría representantes de otras agencias federales “con experiencia relevante” que el presidente “determine apropiado”.

El comité proporcionaría al Congreso una evaluación anual de la reforma laboral de México, incluyendo si el gobierno mexicano está proporcionando fondos suficientes. Si el Comité Laboral Interagencial determina que México no está cumpliendo con sus compromisos, ya sea a través de su propia evaluación o un informe de la Junta Independiente de Expertos Laborales de México, “recomendará que el representante de Comercio inicie acciones de ejecución”.

[email protected]