La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó este miércoles el proyecto normativo mayorista de los mercados de banda ancha, en el que plantea que Telefónica abra su red de fibra óptica en toda España excepto en las ciudades donde estén desplegando al menos tres operadores.

Según informó la Comisión en un comunicado, hay 34 municipios que cumplen este requisito de competencia que al menos tres operadores estén desplegando redes de nueva generación , que alcanza a 26% de la población.

Más detalladamente, la Comisión apunta que se considerarán zonas con suficiente competencia aquellas en la que al menos tres operadores distintos estén desplegando simultáneamente redes de fibra óptica hasta el hogar o red de cable coaxial DOCSIS 3.0 con una cobertura mínima individual del 20 por ciento.

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La Comisión puntualiza que esta excepción no afecta a las obligaciones vigentes sobre la red de cobre, así como el acceso a las infraestructuras de uso civil.

En los municipios españoles que no forman parte de esta excepción, Telefónica tendrá que ofrecer a los operadores alternativos el acceso a su red de fibra óptica sin el límite de 30 megabytes por segundo con un precio que les permita replicar las ofertas de la multinacional.

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La operadora no tardó en emitir un comunicado, en el que señaló que Telefónica, que todavía no ha recibido notificación de la propuesta citada, manifiesta su profunda preocupación por la mencionada regulación en la medida en que la misma va a tener como consecuencia el posible freno de la inversión en nuestro país y que se pueda poner punto y final al modelo de éxito que ha supuesto el despliegue de fibra óptica al hogar en España, que ha superado en cuanto a número de hogares pasados, a cualquier país europeo. Telefónica anuncia que pone en revisión sus planes de despliegue a la espera de una lectura en profundidad de la referida resolución .

En su propuesta inicial, en diciembre pasado, la CNMC planteó que Telefónica tuviera que dar acceso a la competencia a su red de fibra en 9 ciudades (Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Málaga, Móstoles, Sevilla y Valencia)

Esta cifra posteriormente se elevó a 14 ciudades, en las que había más de tres redes desplegadas.

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La CNMC apunta que la ampliación hasta 34 municipios en la formulación actual obedece al relevante crecimiento de los despliegues, ya que los criterios de segmentación geográfica no han variado.

Los 34 municipios en los que, según la Comisión, hay suficiente competencia son: Alicante, Almería, Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vallès, Burgos, Córdoba, Granada, Huelva, Lérida, Alcalá de Henares, Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla, Pinto, Torrejón de Ardoz, Málaga, Sevilla, Mislata, Tavernes Blanques, Valencia, Vigo, Valladolid y Zaragoza.

En opinión de la comisión, este proyecto de medida mantiene el equilibrio entre la garantía de la prestación de los servicios de banda ancha a los clientes finales en condiciones de competencia y la promoción de una inversión eficiente en las redes de fibra de nueva generación .

En reiteradas ocasiones, Telefónica ha condicionado su inversión en fibra al entorno macroeconómico y la nueva regulación en banda ancha fija.

En cuanto al acceso indirecto que requiere menos inversión al basarse en alquiler de redes del segmento residencial, el regulador ha identificado una zona con mayor competencia, en la que elimina todas las obligaciones vigentes de acceso mayorista, y otra menos competitiva, en la que las mantiene.

En cuanto al acceso indirecto del segmento empresarial, la CNMC detecta poca competencia en todo el mercado, por lo que obliga a Telefónica a poner a disposición de los operadores alternativos una oferta mayorista de acceso indirecto sobre fibra y cobre.

La resolución aprobada este miércoles es un proyecto de medida, a la que podrán presentar observaciones durante el próximo mes la Comisión Europea, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía antes de formularse la regulación definitiva.

(Con información de Expansión / España)