El gobierno español lamentó la decisión del presidente Evo Morales de nacionalizar dos empresas de distribución eléctrica del grupo español Iberdrola, la cual tiene entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas, de acuerdo con el ministerio de Asuntos Exteriores a través de un comunicado.

Subrayó que "la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia", Madrid dijo esperar "que el proceso de evaluación del valor de la empresa nacionalizada se realice con criterios exigentes de objetividad".

Por su parte, Iberdrola espera que Bolivia pague "el valor real" de las cuatro filiales del grupo energético español nacionalizadas este sábado, afirmó un portavoz en Madrid sin precisar el montante.

"Esperamos obtener el valor real de nuestra participación" en las compañías expropiadas, declaró a la AFP un portavoz de Iberdrola, precisando que el grupo no hizo aún ninguna estimación.

Citando a fuentes del mercado, la prensa española situaba el valor de dicha participación en unos 100 millones de dólares.

Tras anunciar la nacionalización de las distribuidoras eléctricas Electropaz y Elfeo y las empresas de servicios CADEB y EDESER, Morales prometió una indemnización justa a la empresa española.

Decretó así "pagar el monto correspondiente a la totalidad del paquete accionario de la empresa Iberbolivia Inversiones SA", cuyo valor será establecido por una empresa independiente en un plazo de 180 días.

Según datos del mercado, Iberdrola es propietaria del 63,4% de Iberbolivia de Inversiones --participada también por accionistas estadounidenses--, quien posee a su vez 89,5% de Electropaz y el 92,8% de Elfeo.

"Todavía no hemos recibido el decreto de nacionalización", afirmó el sábado por la tarde el portavoz de Iberdrola, lamentando haber conocido la noticia por los medios de comunicación.

"Las relaciones de cooperación y entendimiento entre los dos países exigen información, colaboración y franqueza por ambas partes en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común", consideró por su parte la cancillería española.

MIF