El gobierno federal y el sector automotriz se enfrentan en dos casos legales relacionados con mayores exigencias en la fabricación de automóviles, situación sin precedentes en las relaciones de ambos durante la historia reciente.

Las principales asociaciones de la industria automotriz rechazaron los cambios planteados por la Secretaría de Economía para elevar el tope mínimo de producción de automóviles que les da derecho a gozar de ventajas arancelarias.

Al presentar un anteproyecto sobre esa reforma, la Secretaría de Economía expuso que el gobierno puede otorgar apoyos conforme a la realización de inversiones productivas, siempre y cuando los beneficios no estén condicionados al cumplimiento de requisitos de exportación, de contenido nacional o de balanza de divisas.

Esas tres limitantes están establecidas en las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al tiempo que otros países, entre ellos Brasil, aplican una variedad de incentivos condicionados a sus industrias.

Pero la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) solicitó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) no exentar la Manifestación de Impacto Regulatorio, como lo pide Economía, para acelerar la aprobación del anteproyecto.

La AMIA argumentó que la reforma se traduce en importantes costos para la industria automotriz nacional y pidió un experto con cargo al presupuesto público, como se establece para estos casos en el artículo 69-I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En cartas por separado, la misma solicitud de la AMIA fue hecha por la Industria Nacional de Autopartes (INA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La diferencia se produce luego de que Nissan, General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Honda y Toyota presentaron a principios de octubre un juicio de nulidad en contra de la norma de eficiencia energética y la emisión de gases contaminantes, que promueve la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Norma Oficial Mexicana 163 estaba por publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se pretende con ella que todos los vehículos nuevos alcancen un rendimiento promedio de 14.9 kilómetros por litro en el 2016, un estándar equiparable al de Estados Unidos y Canadá. Todavía no se ha alcanzado un consenso entre el gobierno y la industria automotriz en materia de eficiencia energética , dijo Armando Soto, presidente de la consultoría Kaso y Asociados.

Tendrá que duplicar su producción

... Y TOYOTA PONE EN DUDA INVERSIÓN DE US300 MILLONES

La empresa japonesa Toyota advirtió que podría no realizar inversiones por 300 millones de dólares en México en los próximos tres años si la Secretaría de Economía publica una reforma al Decreto Automotriz, con la que le obligaría a producir más autos para gozar de ventajas arancelarias.

Los cambios están en un anteproyecto que se revisa en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y condicionarían a las armadoras automotrices a elevar su producción nacional mínima de 50,000 a 100,000 unidades para tener derecho a los beneficios del Decreto Automotriz.

Cumpliendo los niveles mínimos de ensamblaje, las empresas obtienen cupos para importar vehículos sin pago de aranceles, con lo que se ahorran la tasa de 20% que corresponde a los vehículos originarios de países con los que México no tiene tratados de libre comercio.

La Secretaría de Economía refirió que la medida es congruente con la evolución de los mercados internacionales, procurando mantener la participación de la producción en México en el total mundial , y reconoce las nuevas inversiones por 13,849 millones de dólares en el país del 2007 al 2012, de las cuales Toyota no tuvo participación prácticamente.

De las empresas que ahora gozan del Decreto Automotriz, Toyota sería la afectada porque su producción bordea apenas las 50,000 anuales. Honda fabrica niveles similares, pero construye una nueva planta de 200,000 autos por año. Mazda contará con otra de 140,000 unidades.

Con lo nuevos requisitos, Toyota pudiera perder su registro como empresa productora de vehículos automotores ligeros nuevos y, por ende, afectar inversiones del orden de 300 millones de dólares a realizarse en los próximos tres años , indicó la compañía japonesa en una carta a la Cofemer.

También, agregó, Toyota incurriría en pérdidas y costos por cumplimiento de alrededor de 1,200 millones de dólares, además de la pérdida de aproximadamente 1,500 empleos derivados de la afectación de los distribuidores autorizados en México.

En contraposición, la Secretaría de Economía adujo que los beneficios arancelarios implicarían que incluso en el caso extremo (improbable) de que la rentabilidad propia de la inversión fuera nula, en 15 años la empresa habría recuperado el equivalente a 1.3 veces el monto invertido .

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