La iniciativa presidencial de eliminar la figura del outsourcing, conlleva otorgar a los trabajadores que se encuentran en el esquema de subcontratación, incluida la administración pública, la garantía y estabilidad laboral a través de servicios permanentes y establecer a su vez un tabulador salarial, incrementando su ingreso que le permita al propio trabajador y su familia, hacerle frente a lo necesario económicamente para cubrir sus necesidades básicas.

Así lo planteó el líder de la Central FSTSE, Joel Ayala Almeida quien dijo que de concretarse la iniciativa, ésta a su vez deberá contar con la prestación de mayor importancia, consistente en la Seguridad Social Integral. 

Ayala Almeida expuso que ello debe significar que día a día de su desempeño laboral, el trabajador cuente para su futura pensión con el derecho a los servicios de salud, obtener una vivienda digna, así como el resto de los derechos consagrados en la ley laboral.

La representación de la Central FSTSE le otorga un crédito de importancia histórica a la propuesta del gobierno federal para que en automático, se eliminen los contratos laborales  existentes por seis meses, que sin duda son una argucia que trunca los alcances del movimiento sindical en favor de los trabajadores mexicanos, consideró.

Queda en claro que quienes laboran en la iniciativa privada, en las empresas, industrias y otras áreas de la producción deberán tener la protección en su alta al Seguro Social, al Infonavit, así como a la Afore de su preferencia y en su caso los trabajadores que laboran en cada institución del sector público, corresponderá su protección en el sistema de seguridad social al darles de alta en el ISSSTE.

El mayor significado de este pronunciamiento del Jefe de las Instituciones del país, lo considera la Central FSTSE, como de gran relevancia en su reivindicación de justicia laboral, apuntó.                      

Finalmente dejó en claro que el planteamiento de la presente estrategia, corresponde al Poder Legislativo en su definición y "lo planteamos muy respetuosamente ante los representantes populares tanto de la Cámara de Diputados, así como del Senado de la República en dos vertientes : o se elimina en su totalidad el esquema de contratación que es lesiva para el trabajador, o en su caso se le otorgan todas las garantías de ley amparados por el contenido firme, vigente de lo establecido en la Constitución y que lo precisa la Ley Federal del Trabajo".