El proceso judicial sobre la modificación a las reglas jurídicas para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CEL) comenzó con 14 amparos interpuestos por el sector privado y corresponderá al juez resolver sobre el principio de legalidad, informó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Comentó que se reunió con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, pero la postura es que debe haber equilibrio para otorgar CEL a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y nosotros defendemos respetar las normas acordadas previamente.

En entrevista, luego de participar en la inauguración del CREO MX, el dirigente empresarial comentó: “Tuve la oportunidad de hablar con la secretaria de Energía y fue muy amable, pero ella explicó que esto (los cambios a los contratos) es en favor de la CFE y ya le tocará un juez decidir sobre esto”.

Por la mañana, en una entrevista radiofónica, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, afirmó que seis empresas, que representan más de 50% de la energía limpia que opera en México, presentaron 14 amparos para evitar que entre en vigor los cambios a los CEL.

El presidente del CCE dijo que independientemente de los números de procesos judiciales, “es que debemos respetar el principio de la legalidad”.

Carlos Salazar recordó que desde la propuesta gubernamental de cambiar las condiciones de los contratos se dijo que “va en contra del principio de la legalidad y si había una serie de principios hay que respetarlos y hoy me enteré por la prensa que ya inició un proceso judicializado y era de esperarse porque les cambiaron las reglas”.

El CCE sostuvo que los cambios a los CEL “altera de manera sustantiva el marco regulatorio del sector energético, altera el trato equitativo entre los participantes del sector eléctrico, genera incertidumbre y vulnera la ejecución de inversiones”.

Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, confió en que los juicios de amparo sean favorables para el sector privado. “Lo que tenemos que garantizar es que exista la capacidad del Poder Judicial de la Federación para resolver con la ley en la mano las medidas de impugnación. Es fundamental que los actos de autoridad en materia energética no queden firmes sino que sean debidamente analizados o, en su caso, modificados”, acotó.

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