Las empresas brasileñas están involucradas en 83% de todas las demandas en Brasil, lo que les cuesta dinero para defenderse, archivar o guardar los expedientes en los tribunales. Casi 2% de sus ingresos son destinados a estos procesos, un porcentaje que en el 2012 correspondió a 110,000 millones de reales ( unos 46,000 millones de dólares). En volumen, el mayor número de demandas tiene que ver con litigios con los consumidores, pero los pleitos más importantes en términos de valor se refieren a los pagos de los impuestos federales.

La información, la primera en su tipo en Brasil, es parte del estudio El costo de litigar para las empresas , que califica y cuantifica los montos que destinan las empresas brasileñas para atender situaciones en los tribunales.

El estudio, realizado por los abogados Gilberto Luiz do Amaral , Cristiano Lisboa Yazbek y Letícia María Fernandes do Amaral, del despacho Amaral, Yazbek Advogados, fue desarrollado a partir del análisis de los estados financieros de 7,485 empresas, 21,547 demandas, la recaudación fiscal del 2012, el reporte La justicia en números del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y los ingresos corporativos clasificados por el Instituto Brasileño de Impuestos y Planificación (IBPT) .

En el 2012, según el estudio, hubo 74.38 millones de litigios donde estuvieron involucradas empresas brasileñas, como autores o acusados. Las grandes empresas fueron parte de 53.4% de ellos, y el costo de mantener estos litigios representó 1.67% de sus ventas. El promedio de demandas por compañía fue de 186. Las empresas medianas representaron 23.8% de las demandas y comprometieron 1.89% de sus ingresos con ellas. Las pequeñas empresas participaron en 22.8% y destinaron el equivalente a 1.43% de sus ventas en el 2012.

El coordinador de la encuesta, Gilberto Luiz do Amaral, ex presidente del IBPT, calificó el resultado de sorprendente. Un dato inesperado fue las empresas destinaron más recursos a los juicios y sus resultados que al pago de honorarios de los despachos jurídicos. Los costos por procedimiento ascendieron a 23,000 millones de reales (unos 9,500 millones de dólares). Los honorarios de los abogados ascendieron a 17,000 millones. Los peritajes (2,100 millones), viajes y estancias en hoteles (529 millones) y el gasto de personal y sistemas de control (2,000 millones) también se incluyeron en el cálculo.

El mayor gasto representó el pago de multas, cargos y reparación de daños que realizaron las compañías sancionadas, con un total de 65,000 millones de reales (unos 27,000 millones de dólares) en el 2012.

Oziel Estevão, subdirector del Departamento Jurídico de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, dijo que las empresas gastan otras grandes cantidades de dinero en asuntos vinculados con los litigios.

Además del pago de los abogados, el personal interno, los costos de los procedimientos y los peritos, existe una partida para la contratación de garantías, por ejemplo, en procesos de índole tributaria. Las empresas que no tienen activos suficientes, deben hacerse de cartas de garantías a través de un banco.

De acuerdo con el estudio, las demandas relacionadas con los consumidores representaron el número más alto, seguidas por los juicios laborales y los contratos y litigios fiscales. En cuanto a los valores, la lista es inversa, con los procesos tributarios en la parte superior.

Los casos de impuestos por parte del gobierno federal comprenden las mayores cantidades. Por cada demanda presentada por un contribuyente contra las autoridades fiscales, existen 12 demandas fiscales puestos en marcha por la hacienda pública , dijo Amaral.

En el caso de los consumidores, Flávia Lefèvre Guimarães, abogada del despacho Lescher Lefèvre Advogados Associados, afirmó que hay una serie de factores que contribuyen a la gran cantidad de demandas. Uno de ellos, dijo, es el crecimiento de la base de consumidores en Brasil. También existe la facilidad para presentar demandas en tribunales especiales y la existencia de un Código de Defensa del Consumidor en el país.

La abogada Elisa Figueiredo, socia de Fernandes, Figueiredo Advogados, afirmó que debido al costo de mantener los procedimientos, muchas empresas prefieren los acuerdos de solución de controversias judiciales.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica