Al segundo periodo ordinario le queda un mes, y el diputado federal Ulises Murguía Soto está seguro de que en ese tiempo el Congreso aprobará reformas para regular la subcontratación. Él impulsa un proyecto para acotar la figura legalmente, certificar a las empresas de tercerización y garantizar los derechos de los trabajadores bajo este modelo.

“El tema genera controversia, pero es muy sencillo: todos los días convivimos con la terciarización. No podemos eliminarla, sería una catástrofe” para el país. Actualmente, asevera, de los más 20 millones de contribuyentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, 8 millones 400,000 son de subcontratación. “De ese tamaño es esa economía”, detalla.

“Mi propuesta reglamenta a las empresas y garantiza los derechos de los trabajadores”. Desdeña aquellas que quieren desaparecer el outsourcing. Principalmente las que vienen de los sindicatos, incluida la del senador Napoleón Gómez Urrutia, de su mismo partido. Esas iniciativas, dice, buscan controlar a las empresas y adjudicarse la terciarización.

“¿Por qué los sindicatos de antaño están luchando (contra el outsourcing)?”, cuestiona el empresario. Enseguida él mismo responde: “Tienen el plan de que, si desapareciera la figura, ellos, con un contrato colectivo de trabajo, ofrecerían la subcontratación a las compañías. Y de a gratis”. En este segundo periodo de sesiones se han presentado cinco iniciativas en la materia. La última es la de Murguía Soto en la Cámara de Diputados.

Murguía sostiene que las propuestas para eliminar la terciarización “se soportan con argumentos falsos. Dicen que el sector empresarial de Estados Unidos está de acuerdo en la erradicación de esta figura. Es una mentira”. Los inversionistas estadounidenses necesitan de la experiencia de las empresas subcontratistas, detalla. También plantea crear salarios mínimos profesionales según la actividad subcontratada. Para fijarlos, define su propuesta, se realizarían mesas de trabajo tripartitas.

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